Una masiva jornada de protestas en Costa Rica congregó a miles de universitarios, profesores y trabajadores sindicales en el centro de San José. La marcha se llevó a cabo este miércoles 11 de noviembre para repudiar una serie de reducciones presupuestarias promovidas en el parlamento que afectarían directamente a las casas de estudio superior y al sistema escolar del país centroamericano. La movilización avanzó de forma pacífica por arterias principales hasta concentrarse frente a la sede de la Asamblea Legislativa.
La marcha se inició cerca de las 9:30 de la mañana en las inmediaciones del parque La Merced. Los asistentes recorrieron la Avenida Segunda portando pancartas hasta arribar a la Plaza de la Democracia, ubicada justo al frente del congreso unicameral costarricense. Aunque el desarrollo de la actividad transcurrió sin incidentes violentos, el tráfico vehicular de la capital experimentó intensos congestionamientos viales a lo largo de varias horas.
La marcha docente y las protestas en Costa Rica
El descontento congregó a diversas organizaciones del magisterio y del sector universitario. Entre los grupos convocantes figuraron la Asociación Nacional de Educadores, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, junto con federaciones estudiantiles de las cinco universidades estatales de esa nación.
Durante el desarrollo de las protestas en Costa Rica, los dirigentes gremiales denunciaron que los fondos asignados para la educación pública en 2027 rondan apenas el 4,9 por ciento del producto interno bruto. Esta cifra se ubica notablemente por debajo del piso del 8 por ciento exigido de forma explícita por el artículo 78 de la Constitución Política costarricense.
La presidenta de la Asociación Nacional de Educadores, Gilda Montero, advirtió durante el acto central que el presupuesto estatal para el sector continúa en franco declive. A su vez, el presidente sindical Gilberth Díaz subrayó que disminuir la inversión educativa condiciona gravemente las posibilidades de progreso para las futuras generaciones de estudiantes.
El reclamo por los 16.000 millones de colones universitarios
El catalizador directo de la marcha fue una resolución adoptada apenas un día antes por la Comisión de Asuntos Hacendarios del parlamento. Los legisladores votaron una moción, respaldada por la bancada del Partido Pueblo Soberano, para recortar más de 8.048 millones de colones del segundo presupuesto extraordinario de 2026.
Esa cifra equivale a unos 17,5 millones de dólares y se adiciona a otra supresión similar de 8.048 millones ya contemplada en el proyecto de presupuesto para 2027 aprobado en primer debate. En su conjunto, la merma asciende a 16.096 millones de colones, suma que representa aproximadamente 35 millones de dólares para las casas de altos estudios.
El Consejo Nacional de Rectores precisó que dichos recursos integran el Fondo Especial para la Educación Superior que había sido aplazado durante los años 2020 y 2021 por causa de la crisis sanitaria internacional. La entidad rectora denunció que el Ejecutivo había pactado en noviembre de 2025 reembolsar ese dinero mediante ocho desembolsos progresivos, compromiso que consideran totalmente quebrado.
Las autoridades de las universidades públicas manifestaron su alarma ante el impacto que estas decisiones legislativas provocarán sobre las becas de alumnos en situación vulnerable. Asimismo, señalaron riesgos inminentes sobre el funcionamiento de laboratorios científicos, la mantención de infraestructura edilicia y las sedes educativas situadas fuera del área metropolitana.
Exigencias laborales y la postura del Poder Ejecutivo
El reclamo de los educadores abarcó igualmente diversos puntos laborales pendientes en el ámbito magisterial. Las agrupaciones exigieron el cumplimiento en el pago de anualidades adeudadas, compensaciones por recargos de funciones y horas destinadas al planeamiento pedagógico, además de cuestionar la modalidad del salario global implementada por el Estado.
En el plano previsional, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza señaló que el fisco conserva compromisos impagos con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por más de 44.000 millones de colones, cerca de 97 millones de dólares. Si bien reconocieron que la cartera educativa realizó abonos superiores a 30.000 millones de colones, insistieron en que el saldo pendiente continúa sin saldarse.
Ante el desarrollo de las protestas en Costa Rica, el Poder Ejecutivo defendió las modificaciones presupuestarias alegando que buscan redireccionar partidas hacia áreas sensibles como comedores estudiantiles, transporte escolar y sistemas de retiro. Por su parte, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, objetó los motivos de la movilización y anticipó que recurrirá a las instancias judiciales para solicitar que se examine la legalidad del cese de actividades.
Datos clave
- Convocatoria masiva: Miles de estudiantes y agremiados marcharon en San José desde el parque La Merced hacia la Asamblea Legislativa.
- Fondo disputado: Las universidades denuncian un recorte de 16.096 millones de colones pertenecientes al Fondo Especial para la Educación Superior.
- Brecha constitucional: El presupuesto educativo previsto alcanza el 4,9 por ciento del PIB, lejos del 8 por ciento estipulado por la carta magna.
- Respuesta oficial: El Ministerio de Educación anunció que acudirá a los tribunales para evaluar la legalidad de la huelga docente.
