La revisión judicial sobre la condena de Ñoño Núñez enfrenta una nueva traba en la circunscripción judicial de Presidente Hayes tras la intervención del máximo tribunal. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió apartar formalmente a la magistrada Jazmín Ortiz del Tribunal de Apelación Multifuero. Con esta determinación, el colegiado de segunda instancia queda desintegrado y requiere incorporar un reemplazante para definir si confirma la sanción privativa de libertad impuesta al exgobernador chaqueño.
Motivos del apartamiento dictado por la Corte
El fallo de la máxima instancia dejó sin validez lo resuelto previamente por los camaristas María Elena Meza y Gustavo Martínez. Ambos magistrados habían optado por rechazar tanto la recusación planteada por la defensa como el posterior pedido de inhibición de la jueza Ortiz. Para los ministros de la Sala Penal, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, ignorar la postura de la propia afectada constituyó un acto arbitrario y un exceso de poder.
En su argumentación técnica, la Corte explicó que, cuando un magistrado acepta los argumentos presentados en su contra, debe quedar apartado de forma inmediata de la causa judicial. Al forzar su permanencia en el colegiado, los dos camaristas habrían sobrepasado los límites legales vigentes en el ordenamiento jurídico nacional.
La magistrada involucrada había manifestado que su permanencia en el proceso generaría serias dudas sobre la imparcialidad del juzgamiento. La misma refirió presiones y menciones públicas ligadas a sus vínculos familiares cercanos. Ortiz es hija de la diputada Ida Cattebecke y del exintendente de Benjamín Aceval, Pedro Ortiz, dirigentes políticos vinculados al mismo espacio del procesado.
El desvío de fondos públicos en Presidente Hayes
El debate jurídico central gira en torno a la apelación contra la sentencia establecida en diciembre de 2023. En el juicio oral y público se comprobó un daño económico superior a los 42.500 millones de guaraníes contra el patrimonio de la Gobernación de Presidente Hayes. La condena de Ñoño Núñez fue fijada en 11 años de pena privativa de libertad tras comprobarse graves hechos punibles cometidos durante su mandato departamental.
Las pesquisas y testimonios presentados en el juicio expusieron que los caudales públicos se utilizaron para costear obligaciones privadas del exgobernador. Entre las erogaciones indebidas se comprobaron pagos de deudas contraídas en campañas electorales y apuestas en carreras de caballos, entre otras irregularidades administrativas cometidas por las autoridades regionales.
Otros condenados en la causa por corrupción
El proceso judicial en el Chaco paraguayo incluye sanciones contra otros exresponsables administrativos de la gobernación. El sucesor inmediato en el cargo, Emigdio Benítez, fue condenado a 7 años y medio de prisión por ocasionar un faltante patrimonial estimado en más de 10.246 millones de guaraníes en las arcas regionales.
Asimismo, la exsecretaria de Administración y Finanzas, Nancy Núñez de Roussillon, recibió una pena de 5 años de encierro junto con la inhabilitación para ejercer cargos estatales por el mismo periodo. En similar condición fue sentenciado el exsecretario Edulfo Verón a 6 años de cárcel y Raúl Delgado, funcionario de la Opaci, sentenciado a 3 años por complicidad.
Integración pendiente para estudiar la condena de Ñoño Núñez
Con la exclusión de la jueza Jazmín Ortiz, las autoridades de la circunscripción deben convocar a un nuevo integrante para completar la terna del Tribunal de Apelación. Solamente cuando el colegiado quede constituido conforme a la ley se podrá dar trámite al análisis de fondo planteado por las partes.
La resolución de este recurso resulta decisiva para determinar la validez de las sentencias carcelarias contra los exadministradores departamentales. La ciudadanía y la opinión pública siguen expectantes el desenlace procesal de una de las mayores causas de desfalco estatal registradas en la región occidental de Paraguay.
Datos clave
- La Sala Penal de la Corte Suprema apartó a la jueza Jazmín Ortiz del tribunal que revisa el fallo contra Óscar Venancio Núñez.
- El colegiado de segunda instancia queda con dos integrantes y deberá completarse antes de resolver los recursos de apelación.
- La condena de primera instancia asciende a 11 años de prisión para el exgobernador por un desvío patrimonial superior a G. 42.500 millones.
- La causa incluye a otros cuatro sentenciados, entre ellos el exgobernador sucesor Emigdio Benítez y exsecretarios de la institución.
