El caso Hernán Rivas derivó en un nuevo bloqueo legislativo este miércoles en Asunción, luego de que la Cámara de Diputados se quedara sin el número necesario de legisladores para sesionar. La bancada oficialista abandonó el recinto antes del análisis de un proyecto de declaración que pretendía exhortar a la Corte Suprema de Justicia a anular el registro profesional del exlegislador. La iniciativa buscaba sentar una postura institucional inmediata tras la sentencia penal dictada contra el exparlamentario.
Maniobra parlamentaria y abandono de bancas
La propuesta que desató el conflicto fue impulsada formalmente por el diputado independiente Raúl Benítez. El parlamentario pretendía que el plenario de la Cámara Baja solicitara una intervención enérgica a la máxima instancia judicial respecto al título habilitante del excongresista. Sin embargo, legisladores vinculados al movimiento Honor Colorado se retiraron de sus bancas, impidiendo deliberar sobre el orden del día fijado.
El legislador proyectista lamentó el desenlace de la jornada y cuestionó el blindaje político brindado a su excolega. De acuerdo con Benítez, la máxima instancia judicial todavía mantiene una llamativa demora para expedirse sobre la validez del documento habilitante. Para el parlamentario, mantener vigente esa credencial profesional debilita las garantías del ejercicio de la abogacía en el país.
El alcance judicial del caso Hernán Rivas
La controversia pública escaló recientemente luego de que un Tribunal de Sentencia condenara a ocho años de pena privativa de libertad al exsenador. Los magistrados concluyeron que el dirigente recurrió a documentación académica no auténtica para acreditarse falsamente como profesional del derecho. Pese a este fallo judicial, los trámites administrativos sobre su matrícula continúan sin resolverse dentro del Poder Judicial paraguayo.
Durante años, el dirigente colorado accedió a puestos neurálgicos dentro de las instituciones de control judicial gracias a dicha acreditación. Su condición de abogado le permitió ocupar la representación legislativa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que incluso llegó a presidir. Por este motivo, el caso Hernán Rivas reabrió el debate sobre el impacto que estas irregularidades provocaron en los fallos y acusaciones formuladas en dicho periodo.
Reclamos de investigación a los órganos de control
El diputado Benítez enfatizó que la sanción penitenciaria no debe cerrar el expediente legislativo ni institucional. Según el parlamentario, resulta indispensable deslindar las responsabilidades de aquellos funcionarios y autoridades que convalidaron la documentación apócrifa en su momento. La cadena de autorizaciones administrativas requiere ser transparentada para restablecer la confianza ciudadana.
La sesión frustrada confirmó la persistencia de tensiones políticas en el Congreso frente a las derivaciones de este proceso. Diversos sectores cuestionan cómo las instituciones permitieron a Rivas jurar como letrado e influir directamente en la designación y enjuiciamiento de jueces y fiscales. Mientras la Corte Suprema de Justicia no dicte una resolución definitiva, el caso Hernán Rivas seguirá marcando la agenda política nacional.
Datos clave
- Fracaso legislativo: La Cámara de Diputados quedó sin quórum por la retirada de parlamentarios de Honor Colorado antes de evaluar el pedido formal.
- Condena penal previa: Un Tribunal de Sentencia dictó ocho años de cárcel para Hernán Rivas tras comprobarse el empleo de un título universitario apócrifo.
- Exhortación frenada: El proyecto presentado por el diputado Raúl Benítez buscaba instar a la Corte Suprema de Justicia a cancelar de forma inmediata la matrícula profesional del sancionado.
- Pedido de ampliación: Los sectores de oposición exigen auditar la actuación de los funcionarios que permitieron que el dirigente ejerciera funciones y liderara el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
