Las investigaciones en torno al caso Ueno Bank sumaron un nuevo capítulo judicial tras la resolución que afecta directamente a entidades mercantiles asociadas al conglomerado financiero. El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, resolvió decretar la inhibición general de vender y gravar bienes contra una decena de firmas pertenecientes a la misma estructura comercial.
La determinación adoptada por la magistratura incluye la prohibición de innovar y dispone la inmovilización preventiva de todas las cuentas bancarias y financieras asociadas a las personas jurídicas señaladas. La medida rige con carácter provisorio mientras prosiguen las indagaciones técnicas sobre el flujo del dinero dentro del sistema formal.
Medidas cautelares en el caso Ueno Bank
El mandato judicial responde de manera directa a una solicitud formal formulada por los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce. Todos ellos integran el equipo especializado del Ministerio Público encargado de esclarecer presuntas operaciones irregulares efectuadas desde la citada entidad bancaria.
Entre las corporaciones alcanzadas por la resolución figuran ITTI SAECA, Grupo Vázquez SAE, REDISA y Red Digital de Procesamiento, conocida como REDIPRO SA. Asimismo, la medida alcanza a Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio SA (SATEC SA), HD Invest EAS, Technoma SAECA, La Tropa Fletes EAS, Factopar SA y Kasas Propiedades SAE.
El juzgado consideró que el bloqueo resulta proporcional para salvaguardar el patrimonio en disputa y garantizar eventuales indemnizaciones o comisos al término del proceso. Estas disposiciones buscan evitar la dispersión de activos mientras se comprueba la trazabilidad de los fondos otorgados en forma de créditos corporativos.
Esquema de préstamos y transferencias investigadas
De acuerdo con la hipótesis fiscal desarrollada en el marco del caso Ueno Bank, durante los ejercicios 2025 y 2026 la institución bancaria habría concedido millonarios préstamos y sobregiros a corporaciones vinculadas sin el debido respaldo patrimonial. Las pesquisas preliminares señalan que estos créditos carecían de análisis de solvencia rigurosos y disponían de garantías sensiblemente insuficientes.
Los investigadores apuntan a que los recursos obtenidos no se habrían destinado a los objetivos contractuales declarados al momento de tramitar el dinero. En lugar de ello, parte de las sumas habría fluido hacia distintas cuentas corporativas para amortizar deudas o sostener la operatoria de otras compañías pertenecientes al mismo grupo.
Uno de los elementos centrales expuestos ante el tribunal refiere a la actuación de la firma VINANZAS SA, la cual habría comprado al contado una cartera crediticia del banco por más de 74 millones de dólares. Según la trazabilidad que sostiene el Ministerio Público, dicha empresa no poseía capital propio suficiente para concretar la operación y se habría financiado de forma indirecta mediante empréstitos concedidos por la misma banca a firmas intermediarias.
Antecedentes patrimoniales y procesados en la causa
La documentación expuesta por los agentes fiscales detalla transferencias significativas hacia varias compañías investigadas. Entre ellas resaltan desembolsos otorgados a SATEC SA por unos 20 millones de dólares, además de asignaciones a HD Invest EAS que alcanzaron 35 millones de dólares y 36.900 millones de guaraníes.
Otras asignaciones registradas involucran a Technoma SAECA y La Tropa Fletes EAS, receptoras de 10 millones de dólares cada una, además de Factopar SA con operaciones por 6,8 millones de dólares. El flujo analizado por el Ministerio Público revela que estos capitales transitaron por adquisiciones de bonos y compraventas de carteras comerciales hasta consolidarse en las cuentas corporativas investigadas.
Estas decisiones cautelares se suman a las restricciones ya vigentes impuestas a una treintena de imputados relacionados al caso Ueno Bank, entre quienes se encuentran exdirectivos recluidos preventivamente en el Centro Nacional de Prevenidos. Anteriormente, el magistrado ya había ordenado el bloqueo patrimonial de otras entidades afines como Mowi SA, Grupo Hendy SA, Grupo M SA, Tuiu SA, Franede SA, Aime SA y Vinanzas SA.
Datos clave
- Inhibición decretada: el juzgado de Delitos Económicos bloqueó bienes y cuentas de 10 empresas ligadas al Grupo Vázquez.
- Millonarias operaciones: la fiscalía investiga el desvío de préstamos sin garantías suficientes otorgados por Ueno Bank durante 2025 y 2026.
- Cartera transferida: la empresa VINANZAS SA compró una cartera crediticia de más de 74 millones de dólares presuntamente fondeada con créditos cruzados.
- Procesados en prisión: las medidas se suman a las restricciones ya aplicadas a 27 personas imputadas y a otras siete firmas previamente bloqueadas.
