El avance judicial en torno al caso Ueno Bank desató fuertes repercusiones en el Congreso Nacional tras confirmarse el respaldo legislativo al juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. El diputado colorado Roberto González anunció que analizará el libelo acusatorio impulsado por sectores de la oposición para acompañar el proceso de remoción del titular del Ministerio Público.
La controversia surge a raíz de la presunta inacción fiscal frente a denuncias por enriquecimiento ilícito presentadas hace más de un año contra el expresidente Santiago Peña. La apertura formal de la pesquisa recién se concretó tras el colapso financiero de la intermediaria bancaria, lo que motivó duros cuestionamientos parlamentarios hacia la conducción de la Fiscalía General del Estado.
Cuestionamientos a la actuación fiscal en el caso Ueno Bank
El legislador Roberto González recordó que formó parte del Consejo de la Magistratura cuando se integró la terna que llevó a Emiliano Rolón al frente de la Fiscalía. Sin embargo, sostuvo que la idoneidad académica no resulta suficiente si no está acompañada de firmeza de carácter e integridad en el ejercicio de las funciones públicas.
Durante su intervención, el parlamentario criticó que las denuncias arrastradas desde hace trece meses permanecieron archivadas hasta que el Banco Central del Paraguay resolvió intervenir la entidad. Para el diputado, la omisión ante hechos que tomaron estado público compromete la credibilidad de la administración de justicia.
El detonante institucional ocurrió cuando la banca matriz dispuso el proceso de resolución de la financiera el pasado 3 de noviembre al constatar fallas severas en sus índices de solvencia. La medida provocó la retención de más de tres millones de cuentas y encendió las alarmas por la masiva colocación de recursos del Estado.
La concentración de fondos públicos bajo la lupa
Dentro de la trama vinculada al caso Ueno Bank, la Cámara Baja apunta a la responsabilidad administrativa de quienes derivaron cerca de 850 millones de dólares correspondientes al erario hacia las cuentas de la firma. Entre las entidades involucradas figuran las hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá, además del Instituto de Previsión Social, que canalizó más de 345 millones de dólares.
González advirtió que la imputación y prisión preventiva no deben limitarse al exmandatario Santiago Peña ni al extitular del BCP Carlos Carvallo. El congresista remarcó que los administradores que ordenaron los depósitos institucionales deben responder penalmente, aun cuando hayan formulado denuncias posteriores contra los directivos del banco intervenido.
Asimismo, el diputado reclamó al actual jefe de Estado, Pedro Alliana, la destitución inmediata de los funcionarios que avalaron tales operaciones financieras. Entre los señalados figura Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía y actual consejero de Itaipú, junto a directores de entes binacionales que permanecen en funciones.
Alcance legal y derivaciones parlamentarias
El procedimiento de juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional faculta a la Cámara de Diputados a formular acusación ante el Senado por mal desempeño de funciones o comisión de delitos. De prosperar el libelo acusatorio, la Cámara Alta deberá constituirse en tribunal para definir la continuidad o destitución del fiscal general.
En paralelo, el fuero penal mantiene abiertas las causas por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La bancada acusadora sostiene que la demora injustificada en indagar la ruta del dinero estatal favoreció la descapitalización que hoy afecta tanto al sector público como a miles de ahorristas particulares.
Datos clave
- Inacción fiscal cuestionada: Denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra Santiago Peña fueron presentadas hace 13 meses sin avances hasta la caída bancaria.
- Fondos del Estado retenidos: Alrededor de 850 millones de dólares de entes públicos, entre ellos el IPS e hidroeléctricas, fueron concentrados en la entidad intervenida.
- Juicio político en marcha: Diputados de la oposición redactan el libelo acusatorio contra el fiscal general Emiliano Rolón con apoyo de legisladores colorados.
- Proceso penal: El expresidente y el extitular de la banca matriz permanecen con prisión preventiva por presunta lesión de confianza.
