En el marco del caso Graciela Núñez, la fiscal Sonnia Spezzini aclaró de forma pública que su despacho no impulsó la imputación ni las medidas privativas de libertad que pesan sobre la exmodelo en Luque. La representante del Ministerio Público remarcó que las disposiciones judiciales vigentes provienen de otra dependencia.
La controversia judicial cobró fuerza tras los duros cuestionamientos planteados por la senadora Lilian Samaniego. La parlamentaria responsabilizó directamente a la fiscala por la situación procesal de la mujer, quien hoy cumple arresto domiciliario con vigilancia mediante tobillera electrónica. Ante estos señalamientos, la funcionaria difundió un pronunciamiento institucional para deslindar su actuación técnica.
La postura del Ministerio Público y el alcance procesal
A través de una nota oficial, la agente fiscal explicó que no tiene a su cargo el expediente donde se procesó formalmente a Núñez. La causa que motivó la intervención policial y las restricciones ambulatorias responde a una investigación independiente tramitada por otra unidad fiscal del departamento Central.
Spezzini puntualizó que su labor se circunscribe a la denuncia originaria que la exmodelo presentó el pasado 10 de junio contra su expareja, Marcos Gómez, por presuntos hechos de violencia familiar. Según la agente, esa causa penal sigue su curso procesal ordinario bajo su dirección investigativa para determinar las responsabilidades correspondientes.
Las dos denuncias cruzadas en el caso Graciela Núñez
El conflicto judicial entre ambas partes generó dos expedientes paralelos con efectos procesales distintos. Inicialmente, la denunciante arrimó diversos elementos de prueba y grabaciones audiovisuales ante el Ministerio Público para sustentar su reclamo de protección y castigo por supuestas agresiones.
Con posterioridad, el hombre presentó una contradenuncia en la cual afirmó haber sufrido agresiones por parte de su expareja. Este segundo proceso quedó asignado al fiscal Orlando Paiva Notario, quien resolvió abrir una investigación formal, formular la imputación e impulsar la orden de detención ejecutada por efectivos policiales en Luque durante agosto.
El debate por las medidas cautelares y la respuesta judicial
El caso Graciela Núñez desató una fuerte controversia pública debido a la aplicación de medidas cautelares severas contra quien afirma ser víctima. Tras comparecer ante la sede judicial, el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de la ciudad de Luque dispuso el encierro domiciliario con monitoreo telemático permanente.
Durante el mes de octubre, la defensa técnica de la exmodelo solicitó una revisión exhaustiva de las restricciones impuestas. Sin embargo, la magistratura resolvió ratificar las medidas de coerción y mantener la custodia electrónica, lo que derivó en la reacción de legisladores y organizaciones sociales que exigen celeridad en la pesquisa contra el denunciado.
Datos clave
- La fiscal Sonnia Spezzini aclaró que no solicitó la imputación ni el arresto de Graciela Núñez.
- La causa con medidas restrictivas está a cargo del agente fiscal Orlando Paiva Notario.
- La denuncia original por presunta violencia familiar fue presentada por la exmodelo el 10 de junio contra Marcos Gómez.
- El Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Luque ratificó el arresto domiciliario y el uso de tobillera electrónica en octubre.
