El avance en el caso Eddie Jara reveló un presunto circuito de pagos millonarios entre empresas contratistas de la petrolera estatal y personas vinculadas al exfuncionario. La agente fiscal Yeimy Adle formuló la imputación por presunto enriquecimiento ilícito tras detectar una brecha patrimonial de aproximadamente G. 5.547 millones que carece de respaldo documental verificable en las declaraciones del procesado.
Según la carpeta fiscal, el extitular de Petróleos Paraguayos apenas logró justificar el 2,67 % de los bienes acumulados. La pesquisa judicial analiza minuciosamente la concesión de supuestos préstamos que el investigado declaró haber otorgado a terceras personas, pese a no registrar ingresos formales que sustenten tal capacidad de financiamiento.
El circuito financiero bajo la lupa fiscal
Entre las operaciones sospechosas figura una presunta acreencia por G. 700 millones declarada por el exfuncionario en agosto de 2023 a nombre de Diana Paola Gamarra Agüero. La mujer alegó ante los investigadores que solicitó dicha suma para cubrir compromisos médicos, personales y gastos de un local de venta de empanadas. Sin embargo, los extractos bancarios expusieron transferencias posteriores que la conectan con una de las principales adjudicatarias de la entidad estatal.
La empresa Emprendimientos del Sur SA, representada por Laura Benítez de Becker y vinculada al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Carlos Becker, obtuvo una adjudicación para sistemas de seguridad por más de G. 4.600 millones. Petropar abonó G. 2.196 millones el 15 de febrero de 2024 y completó otros G. 2.431 millones seis días más tarde.
La firma privada certificó un contrato con Gamarra el 21 de febrero de 2024, el mismo día en que cobró los fondos públicos. Inmediatamente después, entre el 22 y el 23 de febrero, la proveedora giró un total de G. 1.300 millones a la deudora del exadministrador público.
Derivaciones y nexos en el caso Eddie Jara
El Ministerio Público también detectó cruces bancarios entre otras contratistas estatales y la firma Emprendimientos del Sur SA. Por un lado, Legacy Roots SA recibió G. 2.117 millones de la petrolera en diciembre de 2024 y posteriormente transfirió G. 2.017 millones a la mencionada proveedora mediante ocho operaciones.
Asimismo, el Consorcio Firetech cobró G. 5.969 millones de la institución estatal en octubre de 2025. Tras percibir estos montos, canalizó 47 transferencias por más de G. 5.210 millones hacia la misma empresa vinculada a Becker. La Fiscalía indaga si estos contratos y movimientos interempresariales respondieron a servicios reales o a desvíos de capital público.
La investigación también rastreó transacciones inmobiliarias realizadas por el exmandatario de la petrolera en San Bernardino. En noviembre de 2020 adquirió un lote por G. 317 millones al contado, a pesar de que su capacidad de ahorro estimada era de solo G. 41 millones mientras prestaba servicios en el sector privado.
Compras de inmuebles y derivaciones judiciales
Aquel terreno de San Bernardino fue transferido en octubre de 2021 a Salma Agüero, actual ministra de la Juventud, quien contaba con ingresos formales cercanos a G. 4 millones. Aunque la funcionaria sostuvo que sus ingresos familiares independientes superaban los G. 40 millones mensuales, la Contraloría constató omisiones de tales actividades en sus declaraciones juradas iniciales.
El inmueble terminó posteriormente en posesión de Domingo Quiñónez Astigarraga, hermano de una exfiscala general. A la par, el Ministerio Público imputó por presunto lavado de activos a Karina Otazú, exesposa del extitular de la entidad, quien habría cobrado cheques provenientes de las operaciones de compraventa de tierras.
El juez penal de garantías Osmar Legal admitió la imputación del Ministerio Público y dio curso formal al proceso penal. Las diligencias continuarán abiertas para determinar la responsabilidad de cada implicado dentro del caso Eddie Jara bajo estricto principio de presunción de inocencia.
Datos clave
- Inconsistencia patrimonial: La Fiscalía sostiene que el exfuncionario solo justificó el 2,67 % de sus bienes, dejando sin respaldo más de G. 5.547 millones.
- Transferencias cruzadas: Una contratista de seguridad transfirió G. 1.300 millones a una deudora del investigado tras cobrar fondos de la estatal.
- Operaciones trianguladas: Otras firmas adjudicatarias derivaron más de G. 7.200 millones a una sola empresa vinculada a un exdirector institucional.
- Inmuebles cuestionados: La causa indaga compras de terrenos en San Bernardino que involucran a familiares, actuales ministros y allegados.
