La orden de captura de exfuncionario de Petropar fue resuelta por la Justicia paraguaya luego de que el acusado Carlos Daniel Esquivel Isnardi no se presentara a la continuidad de su juicio oral y público. El procesado responde por su presunta implicancia en un presunto caso de lesión de confianza que habría significado una pérdida patrimonial de G. 12.000 millones para la petrolera estatal paraguaya.
La decisión fue formalizada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de la capital, conformado por la magistrada Yolanda Morel en la presidencia y secundado por las juezas Ana Rodríguez y Karina Cáceres. El colegiado constató la incomparecencia injustificada del exjefe de la Unidad Operativa de Contrataciones durante la tercera jornada del proceso, etapa procesal en la que debían exponerse los alegatos iniciales.
Motivos de la medida y antecedentes de fuga
El abogado defensor público Martín Muñoz comunicó a las magistradas que intentó localizar telefónicamente a su defendido en reiteradas ocasiones antes del inicio de la audiencia. Sin embargo, no logró comunicarse debido a que el aparato celular del procesado permanecía apagado de forma continua.
Ante este escenario, las juezas resolvieron revocar de manera inmediata las medidas sustitutivas a la prisión que le permitían litigar en libertad, declararon su rebeldía y dictaron la orden de captura de exfuncionario de Petropar para garantizar su comparecencia coercitiva.
Este patrón de conducta ya se había registrado en agosto de 2021, cuando se desarrollaba la primera instancia de este litigio penal y Esquivel Isnardi faltó a las citaciones judiciales. Aquel proceso previo derivó en una condena de tres años de pena privativa de libertad contra el expresidente de Petropar, Sergio Escobar Amarilla.
El esquema del presunto daño patrimonial en Troche
La investigación encabezada por la fiscala Silvia González Vester, perteneciente a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, rastrea maniobras financieras sospechosas iniciadas a finales del año 2012. La licitación buscaba modernizar los sistemas de electrificación de los molinos en la fábrica alcoholera de Mauricio José Troche, en el departamento de Guairá.
El acuerdo original contemplaba una inversión de G. 24.000 millones bajo la modalidad llave en mano con la firma MGA Consultora. El contrato formalizado en marzo de 2013 estipulaba inicialmente un plazo de entrega de 180 días con desembolsos progresivos regulados por la normativa de compras públicas.
Posteriormente se incorporaron adendas administrativas que duplicaron los fondos entregados de manera previa al inicio de los trabajos pesados. Primero se otorgó un adelanto financiero del 30% y semanas después otra modificación elevó dicho importe al 50%, lo que representó el desembolso estatal de G. 12.000 millones a la contratista.
El Ministerio Público sostiene que el acusado gestionó y respaldó administrativamente dichas modificaciones desde su cargo en compras estatales. En consecuencia, el requerimiento fiscal sostiene la acusación contra el procesado en carácter de presunto cómplice de lesión de confianza.
Rescisión contractual y situación procesal
Los antecedentes documentales señalan que la empresa privada únicamente entregó dos motores y cuatro tableros de control en agosto de 2013, dejando sin provisión los restantes equipos esenciales para el funcionamiento del complejo. Pese a solicitar una prórroga para fin de año, el contrato fue cancelado en octubre de 2013 por la administración estatal siguiente ante graves faltas en los plazos.
Tras más de una década de dilaciones e incidentes procesales, la causa judicial contra el exjefe de contrataciones queda paralizada a la espera de su detención por parte de las fuerzas de seguridad.
Datos clave
- Tribunal declara rebeldía: Las juezas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres dispusieron la captura de exfuncionario de Petropar Carlos Daniel Esquivel Isnardi.
- Monto investigado: Se indaga un presunto perjuicio patrimonial de G. 12.000 millones mediante adelantos irregulares para la planta de Troche.
- Reincidencia en ausencias: El acusado ya había sido declarado prófugo en 2021 durante el juicio que terminó con la condena del expresidente de la estatal, Sergio Escobar.
- Postura del defensor: La defensa pública admitió que el imputado mantuvo su teléfono apagado y no justificó su incomparecencia a la sede judicial.
