El aumento de los feminicidios en Paraguay desató duros reclamos durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde varios legisladores acusaron al Estado de no brindar protección real a las víctimas. Los parlamentarios exigieron medidas urgentes y la revisión de los procedimientos institucionales tras el reciente asesinato de Deisy Paola Giménez.
Las críticas se centraron en la escasa efectividad de las medidas cautelares y la falta de coordinación policial y judicial. Diversos sectores coincidieron en que una orden de restricción en papel no detiene a un agresor decidido a actuar.
Cuestionamientos a las sanciones penales frente a los feminicidios en Paraguay
Durante el debate en el pleno, la diputada Johanna Ortega cuestionó las propuestas de endurecer penas o instaurar la pena de muerte como presunta respuesta punitiva. La parlamentaria señaló que estas iniciativas eluden las deficiencias institucionales y vulneran las garantías contempladas en la Constitución Nacional.
Ortega sostuvo que los derechos elementales no deben acomodarse a tendencias momentáneas o cálculos electorales. Asimismo, recordó que anteriores aumentos en las penas por violencia doméstica no lograron erradicar los ataques contra las mujeres en los hogares paraguayos.
En su intervención, la diputada consideró indispensable priorizar la prevención mediante herramientas pedagógicas y políticas públicas consistentes. En tal sentido, planteó la necesidad de revisar normativas que limitan la educación sexual en las aulas para intervenir a tiempo frente a conductas violentas.
Urgencia de tobilleras electrónicas y juzgados especializados
A su turno, la diputada Dalia Estigarribia expuso la gravedad de la violencia feminicida recordando el registro de una veintena de mujeres asesinadas en el país. La legisladora lamentó que las instituciones continúen sin ofrecer una respuesta rápida frente a la reiteración de denuncias previas.
Entre sus principales reclamos, Estigarribia insistió en la implementación urgente de tobilleras electrónicas para imputados o denunciados con órdenes de alejamiento. Subrayó que la tecnología es fundamental para controlar el cumplimiento estricto de las restricciones que hoy solo figuran en documentos impresos.
La parlamentaria también solicitó la creación de juzgados especializados en violencia contra la mujer para agilizar las causas y proteger a quienes están en riesgo. Del mismo modo, anunció que volverá a impulsar un proyecto legislativo orientado a suprimir el matrimonio adolescente en el país.
Denuncias sobre inacción y falta de seguimiento judicial
Por su parte, el diputado Mauricio Espínola centró su exposición en las deficiencias del seguimiento estatal una vez que las víctimas formalizan sus denuncias. Afirmó que acudir a una comisaría o juzgado pierde sentido cuando no existen mecanismos prácticos que impidan el retorno del agresor.
Espínola solicitó investigar minuciosamente las actuaciones judiciales y policiales en torno al caso de Deisy Paola Giménez para determinar eventuales omisiones o desidias de los funcionarios. Recalcó que las medidas de amparo deben contar con patrullaje preventivo efectivo y un estricto monitoreo de seguridad.
El legislador remarcó que las instituciones deben asumir responsabilidades administrativas si un pedido formal de auxilio termina en un hecho fatal. El problema de los feminicidios en Paraguay requiere que los órganos estatales compartan información inmediata y apliquen protocolos rigurosos antes de que ocurra una tragedia.
Datos clave
- Reclamo en Diputados: legisladores denunciaron la falta de respuestas estatales eficaces ante la ola de violencia hacia las mujeres.
- Dispositivos de control: plantearon la necesidad urgente de usar tobilleras electrónicas para evitar el acercamiento de agresores denunciados.
- Juzgados y prevención: propusieron juzgados especializados y una revisión de las políticas educativas sobre violencia de género.
