La implementación de la cadena perpetua en Honduras fue aprobada por el Congreso Nacional mediante un paquete de reformas penales destinadas a combatir a las maras y pandillas. La votación legislativa culminó con 118 votos a favor y 10 abstenciones de la bancada del Partido Libertad y Refundación. La medida recibió luz verde con dispensa de dos debates luego del dictamen elaborado por una comisión legislativa especial en Tegucigalpa.
La denominada Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas introduce cambios directos en el Código Penal y el Código Procesal Penal. El objetivo central de la norma radica en neutralizar la capacidad operativa de las bandas delictivas que ejercen control territorial en diversos barrios y colonias.
Alcances de la cadena perpetua en Honduras
El núcleo principal de la reforma recae sobre el artículo 587 del Código Penal. La nueva escala punitiva fija entre 30 y 40 años de reclusión a los integrantes ordinarios de organizaciones calificadas como terroristas. En tanto, la pena de cadena perpetua en Honduras se reservará para los cabecillas, directivos, promotores y financistas de estas redes criminales.
Asimismo, el texto legal contempla el presidio perpetuo para quienes cometan homicidios contra miembros del sistema judicial o de las instituciones que componen el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad en cumplimiento de sus labores. Los atentados simples ejecutados por integrantes de estas bandas tendrán castigos de ocho a diez años de encierro.
Por otra parte, la posesión o elaboración de grafitis orientados a infundir terror o consolidar dominio barrial recibirá condenas de 30 a 40 años de cárcel. Las autoridades judiciales podrán admitir tatuajes y simbologías distintivas como elementos de juicio para acreditar la pertenencia a una mara, siempre que existan peritajes técnicos especializados.
Mayores facultades de investigación y régimen penitenciario
En el plano de las investigaciones penales, la normativa amplía a 48 horas el término legal para remitir ante los tribunales a personas arrestadas por secuestro, extorsión, narcotráfico o terrorismo. También se consagró el uso obligatorio de la prisión preventiva para todos los acusados por asociación terrorista, cerrando la puerta a la sustitución por medidas cautelares alternativas.
Los encausados bajo esta figura deberán permanecer en pabellones penitenciarios de máxima seguridad mientras dure el proceso judicial. Con el fin de custodiar estos recintos, la ley crea la Fuerza Especial Penitenciaria, un cuerpo orientado a traslados riesgosos y a la contención de posibles motines.
El ingreso a las penitenciarías requerirá una verificación biométrica estricta para visitantes, reclusos y defensores legales. Adicionalmente, el sobrevuelo no autorizado de drones en perímetros carcelarios tendrá penas de hasta ocho años de cárcel si se constata el ingreso o salida de artículos prohibidos.
Retiro de símbolos y control del espacio territorial
Las fuerzas de seguridad obtuvieron facultades para eliminar de inmediato cualquier pintura o mensaje alusivo a pandillas en lugares públicos sin requerir orden de un juez. Entre las dependencias facultadas figuran la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y los cuerpos de seguridad municipal.
En inmuebles de carácter privado, los dueños o administradores dispondrán de un plazo improrrogable de 24 horas para borrar cualquier distintivo delictivo. Vencido ese período, los efectivos policiales procederán a remover las inscripciones de forma directa, sin que esto acarree responsabilidades civiles o administrativas para los uniformados actuantes.
El presidente del Legislativo hondureño, Tomás Zambrano, afirmó que estas disposiciones procuran devolver la paz a las comunidades más golpeadas por la extorsión. La vigencia de las modificaciones arrancará de manera oficial con la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta, tras lo cual el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para adaptar los reglamentos de las cárceles.
Datos clave
- Sanción máxima: Los líderes y financistas de maras o pandillas podrán recibir penas de hasta prisión perpetua.
- Votación parlamentaria: La normativa sumó 118 votos favorables y 10 abstenciones durante la sesión en el Congreso Nacional.
- Plazos ampliados: La policía tendrá hasta 48 horas para presentar ante los juzgados a sospechosos de extorsión y terrorismo.
- Régimen estricto: Se implementa identificación biométrica en presidios y se crea una fuerza especial de custodia penitenciaria.
