El Senado ratificó el plan de suspender las bonificaciones a altas autoridades en los tres poderes del Estado para el ejercicio fiscal 2026. Con 29 votos a favor en la sesión ordinaria en Asunción, la Cámara Alta superó la mayoría requerida y reenvió el texto a la Cámara de Diputados para su consideración final.
La normativa prohíbe que los cargos de mayor rango político e institucional sigan cobrando pagos adicionales o sobresueldos, sin importar el término técnico bajo el cual se liquiden. Esta restricción alcanza a las cúpulas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a intendentes, gobernadores y titulares de entidades descentralizadas. Sin embargo, no afecta los beneficios adquiridos por funcionarios de carrera ni del plantel administrativo general.
Alcance del recorte y debate presupuestario
El propósito de suprimir las bonificaciones a altas autoridades consiste en rescatar un paquete financiero que supera los G. 5.000 millones para redirigirlo a sectores urgentes. Los impulsores señalaron que los recursos públicos deben priorizarse frente a la constante escasez presupuestaria en áreas sensibles como la salud pública y programas sociales.
Durante su exposición, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada oficialista, recordó que la propuesta nació en abril a raíz de una menor recaudación impositiva. El parlamentario remarcó que las carencias del sistema sanitario exigen medidas reales de contención del gasto que comprometan en primer término a la clase política dirigente.
Por su parte, el titular del Congreso, Basilio Núñez, apuntó que la medida surgió ante la existencia de cobros extraordinarios por parte de ordenadores de gastos en diferentes entes estatales. Admitió que en su momento percibió dichos conceptos y respaldó el proyecto elaborado bajo las pautas de austeridad impulsadas por el Ministerio de Economía.
La disputa entre ambas cámaras del Congreso
El trámite legislativo sobre las bonificaciones a altas autoridades evidenció posturas encontradas entre ambas ramas del Parlamento. Tras una aprobación inicial en el Senado en abril, Diputados optó por rechazar el texto en julio, sosteniendo que la discusión salarial debía darse exclusivamente dentro del tratamiento del Presupuesto General de la Nación para 2027.
Al no aceptar la postura de la Cámara Baja, los senadores reunieron los votos necesarios para ratificar la vigencia temporal de la norma. Debido a que el proyecto rige de forma estricta para el ejercicio fiscal 2026, la prohibición no quedará fijada de manera definitiva en los años venideros si no se aprueba una ley complementaria.
Ahora la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la decisión definitiva del proyecto legislativo. Si los diputados no reúnen la mayoría calificada para imponer su rechazo inicial, la iniciativa quedará sancionada y entrará en vigencia inmediata para contener las erogaciones extraordinarias de la cúpula estatal.
Datos clave
- Ahorro proyectado: La iniciativa busca redirigir más de G. 5.000 millones hacia sectores prioritarios como la salud pública.
- Votación en el Senado: La Cámara Alta alcanzó 29 votos de los 23 necesarios para ratificar la suspensión de los pagos extras.
- Alcance institucional: La medida rige para las máximas autoridades de los tres poderes, entes descentralizados, gobernaciones y municipalidades, sin tocar a empleados de carrera.
- Trámite pendiente: La Cámara de Diputados deberá aceptar la ratificación o buscar los números necesarios para mantener su rechazo.
