La controversia judicial y social desatada por la subasta de bienes de González Daher escaló al ámbito legislativo luego de masivas quejas de compradores de inmuebles en Asunción. El titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, solicitó formalmente abrir canales de diálogo institucional para intentar frenar los remates ejecutados por el Estado. La medida busca amparar a cientos de personas que alegan haber adquirido lotes de buena fe antes de que las causas penales quedaran firmes.
El legislador manifestó públicamente su compromiso a través de pronunciamientos oficiales, señalando que pondrá sus gestiones a disposición de la ciudadanía. De acuerdo con su postura, es indispensable hallar una respuesta dentro del marco de la Constitución Nacional para frenar los desalojos inminentes y las ventas públicas. La preocupación principal radica en resguardar el patrimonio familiar de compradores que afirman no tener vinculación con los delitos investigados en sede judicial.
Reclamo de familias ante el remate estatal
La inquietud colectiva cobró fuerza tras reuniones mantenidas entre coordinadores vecinales y el profesional del derecho Óscar Tuma. El representante legal expuso que alrededor de trescientas familias residentes en diversas localidades paraguayas afrontan un panorama de total incertidumbre sobre sus viviendas. Los pobladores sostienen que cumplieron de manera íntegra con las cuotas fijadas en sus contratos inmobiliarios, construyeron edificaciones familiares y ahora se enfrentan a la pérdida definitiva de sus terrenos.
Numerosos testimonios dan cuenta de ciudadanos que poseen boletas de pago emitidas por empresas intermediarias, pero que nunca lograron la escrituración traslativa de dominio. La ausencia de titulación formal provocó que los terrenos quedaran atrapados en los embargos y sentencias penales dictadas contra el clan luqueño. Entre los casos más notorios destaca el de una compradora que, habiendo cancelado su propiedad años atrás, debió competir económicamente en una subasta para recomprar su propio hogar.
El conflicto social tras el comiso de bienes de González Daher
El trasfondo de esta crisis comunitaria se remonta a las condenas aplicadas a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo. Como resultado de los fallos judiciales por ilícitos financieros y lavado de activos, la magistrada penal Sandra Kirchhofer autorizó la entrega de decenas de inmuebles a las arcas públicas. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados asumió la custodia y posterior remate de estos activos para cumplir con la legislación vigente.
En ese esquema de liquidación, la entidad estatal concretó el pasado 24 de septiembre la comercialización de varios inmuebles y vehículos comisados. No obstante, las familias argumentan que la ejecución de los bienes de González Daher no distinguió la posesión legítima previa ejercida por terceros. Voceros de firmas comercializadoras involucradas, como Inmobiliaria Confort, solicitaron levantar las restricciones registrales para posibilitar las escrituraciones pendientes a nombre de los compradores originales.
Alcance institucional y salida jurídica planteada
El debate actual impone el desafío de compatibilizar las órdenes judiciales del comiso penal con las garantías civiles de quienes actuaron de buena fe. Desde el Poder Legislativo se pretende evaluar mecanismos que permitan congelar nuevas subastas mientras se analiza la documentación de cada comprador individual. Esta intervención apunta a evitar perjuicios patrimoniales irreparables en núcleos familiares que no formaron parte de la causa penal ni cometieron infracción alguna.
La revisión de los bienes de González Daher continuará generando debate entre las dependencias encargadas de administrar los bienes comisados y las autoridades políticas. Por el momento, los afectados aguardan medidas cautelares o resoluciones administrativas extraordinarias que pongan una pausa a las ventas públicas. Los defensores de los ocupantes insisten en que cada expediente debe ser verificado con detenimiento antes de autorizar cualquier desalojo o adjudicación a terceros.
Datos clave
- Más de 300 familias afirman haber pagado la totalidad de sus terrenos pero carecen de transferencias definitivas por el comiso judicial.
- Basilio Núñez solicitó frenar las subastas para analizar salidas constitucionales que protejan a los compradores de buena fe.
- La jueza penal Sandra Kirchhofer transfirió a Senabico 89 de los 141 inmuebles comisados en el proceso penal.
- Inmobiliaria Confort reclamó el levantamiento de medidas cautelares para otorgar los títulos de propiedad a los ocupantes legítimos.
