El ministro del Interior, Enrique Riera, cuestionó duramente a las autoridades de Bolivia respecto al caso Sebastián Marset y afirmó que mintieron sobre las alertas emitidas por Paraguay. El pronunciamiento se dio en Asunción luego de la captura de altos funcionarios judiciales y la orden contra exministros bolivianos. Para el titular de la cartera estatal, las recientes actuaciones en el vecino país confirman que las advertencias remitidas desde los organismos de seguridad locales eran ciertas.
Acusaciones directas contra exautoridades bolivianas
En contacto con la emisora 1020 AM, el ministro Riera expresó su malestar por el trato que recibieron los informes paraguayos durante la búsqueda del presunto líder narco. El secretario de Estado apuntó directamente contra Eduardo Del Castillo, quien encabezaba el Ministerio de Gobierno de Bolivia cuando se desarrollaban los operativos en la región. Según Riera, el exministro desestimó en reiteradas oportunidades las pruebas que señalaban la permanencia de fugitivos en su territorio.
Riera recordó además el antecedente de las hermanas Villalba, sindicadas como parte de la estructura logística del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El funcionario explicó que los servicios de inteligencia paraguayos localizaron a estas personas en Bolivia con órdenes judiciales de detención vigentes. No obstante, las sospechosas lograron salir del país vecino sin ser interceptadas por los organismos locales competentes.
Las derivaciones internacionales del caso Sebastián Marset
El escenario diplomático y judicial dio un giro tras la detención en Bolivia del fiscal general Roger Mariaca y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Las capturas se ejecutaron en el marco de una investigación abierta por presuntos nexos con la red criminal del investigado uruguayo. De igual modo, las instancias de seguridad bolivianas dictaron una orden de búsqueda contra Del Castillo por su presunta implicancia.
La pesquisa cobró un nuevo impulso a partir de la divulgación de una grabación atribuida al propio imputado de nacionalidad uruguaya. En dicho registro, el presunto narcotraficante mencionó a las autoridades bolivianas investigadas y afirmó haber abonado medio millón de dólares para poder operar y permanecer refugiado en el país vecino. Los investigadores incorporaron este material audiovisual como elemento de prueba en las distintas actuaciones judiciales.
Compromiso de colaboración con la justicia internacional
El ministro paraguayo remarcó que las fuerzas de seguridad nacionales continuarán colaborando con los tribunales de los Estados Unidos en el marco de las pesquisas sobre el caso Sebastián Marset. Debido a que el sospechoso enfrenta un proceso penal federal tras su captura y posterior extradición, Asunción remarcó su total disposición para enviar antecedentes. Riera enfatizó que el Poder Ejecutivo no protegerá a ningún ciudadano o exfuncionario local si surgen evidencias de colaboración delictiva.
En Paraguay, las instituciones de combate al narcotráfico y el Ministerio del Interior sostienen una coordinación estrecha con organismos internacionales como Interpol y la DEA. Los procesos de cooperación regional resultan fundamentales para desarticular las ramificaciones financieras y logísticas que el crimen organizado instaló en el Cono Sur. Las autoridades paraguayas afirman que mantendrán la vigilancia para evitar que remanentes del esquema sigan operando en la clandestinidad.
Datos clave
- Denuncia de desatención: Enrique Riera aseguró que Bolivia ignoró y mintió ante tres avisos oficiales sobre la presencia de fugitivos requeridos por la justicia.
- Detenciones en Bolivia: Las fuerzas de seguridad del vecino país aprehendieron al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal departamental Alberto Zeballos.
- Búsqueda de exministro: La justicia boliviana tramita la captura de Eduardo Del Castillo tras revelarse presuntos sobornos atribuidos a la organización criminal.
- Cooperación paraguaya: El Gobierno nacional manifestó su total predisposición para colaborar con los tribunales de Estados Unidos en el esclarecimiento del caso Sebastián Marset.
