El senador Eduardo Nakayama sostuvo que la legisladora Zenaida Delgado debe enfrentar un proceso de pérdida de investidura tras revelarse denuncias sobre supuestas exigencias económicas a funcionarios del Poder Legislativo. La declaración se produjo en Asunción luego de que surgieran testimonios que vinculan a la parlamentaria con presuntos cobros compulsivos sobre los salarios de colaboradores de su despacho. Según el legislador, los elementos acumulados resultan contundentes y obligan a tomar determinaciones institucionales inmediatas sin postergaciones.
El esquema de aportes irregulares atribuido a Zenaida Delgado
De acuerdo con lo expuesto por Nakayama, existían rumores desde hace un año respecto a las supuestas deducciones arbitrarias a empleados parlamentarios. No obstante, las informaciones certeras y los testimonios documentados sobre estas maniobras recién llegaron a conocimiento de los congresistas en los últimos días. El legislador indicó que los antecedentes indican la exigencia de una contraprestación obligatoria para acceder a un cupo o pasar del régimen de contrato al nombramiento permanente.
El senador manifestó que frente a las pruebas difundidas no corresponde asumir una postura evasiva sobre la situación de su colega. Remarcó que los testimonios señalan la existencia de un mecanismo donde se condicionaba la estabilidad o la obtención del cargo a cambio de entregas periódicas de dinero. Nakayama consideró que estas prácticas lesionan gravemente la imagen del Congreso y configuran conductas que ameritan una sanción parlamentaria ejemplar.
El rol de los créditos y el pedido de investigación fiscal
La denuncia no solo apunta a los descuentos directos, sino también al uso de entidades financieras para concretar los pagos exigidos. Nakayama advirtió que la Caja Parlamentaria del Congreso habría resultado comprometida, debido a que varios trabajadores presuntamente gestionaban préstamos allí para cumplir con los montos demandados. El legislador señaló que la institución previsional fue influenciada con el fin de otorgar créditos con el aval correspondiente, lo que pone en riesgo el patrimonio de dicho fondo.
Respecto a la vía institucional, el parlamentario enfatizó que el Ministerio Público debe iniciar indagaciones de oficio ante la gravedad de los hechos relatados. Asimismo, aclaró que la investigación penal no debe ser utilizada como excusa para demorar el juicio político dentro del cuerpo legislativo. A su criterio, el proceso de pérdida de investidura puede avanzar de forma simultánea a las pesquisas penales, ya que la responsabilidad política es independiente del ámbito judicial.
Antecedentes administrativos y el debate político en la Cámara Alta
El legislador recordó otros cuestionamientos previos que rodearon la gestión de la parlamentaria en la Cámara Alta. Entre ellos mencionó la adjudicación de una vivienda estatal a su hermano por el Ministerio de Urbanismo, Habitát y Vivienda, inmueble que no llegó a ocupar. Asimismo, citó el uso de un vehículo oficial del Congreso que terminó incendiado en San Pedro durante un traslado no laboral en setiembre de 2024.
Para impulsar la destitución parlamentaria, Nakayama apuntó a entablar conversaciones con legisladores del Partido Colorado. Destacó que en ocasiones anteriores el oficialismo retiró el respaldo a dirigentes aliados que incurrieron en faltas graves tras abandonar sus bancadas originales. La situación cobra relevancia con el antecedente de Zenaida Delgado, quien tras resultar electa por la oposición formalizó su pase a la bancada oficialista de Honor Colorado.
Por último, el legislador cuestionó la excesiva cantidad de colaboradores asignados a ciertos despachos, señalando que Zenaida Delgado llegó a disponer de 17 funcionarios. Comparó esa cifra con la estructura austera que mantiene en su propia oficina, donde opera únicamente con un asesor y tres dependientes. Consideró además que la asignación de salarios elevados a personas sin trayectoria o formación idónea constituye una afrenta para la ciudadanía paraguaya.
Datos clave
- Denuncia de cobros indebidos: El senador Eduardo Nakayama denunció la existencia de testimonios sobre un esquema de cobros ilegales a funcionarios del Congreso para acceder a cargos y nombramientos.
- Uso de la Caja Parlamentaria: Se advirtió que la entidad previsional legislativa fue presuntamente utilizada para otorgar préstamos a empleados con el fin de pagar las sumas exigidas.
- Pérdida de investidura: La oposición plantea que el proceso de expulsión parlamentaria debe correr en paralelo a las investigaciones que desarrolle de oficio el Ministerio Público.
- Cuestionamientos acumulados: El caso se suma a antecedentes previos como el incendio de un vehículo estatal en San Pedro y la adjudicación de una vivienda social a un familiar.
