El Ministerio Público confirmó la apertura formal de una investigación a Zenaida Delgado tras la presentación de una acusación por presuntas irregularidades administrativas. La causa ingresó formalmente al sistema judicial luego de la denuncia promovida por el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez. Las actuaciones se centran en la supuesta retención indebida de haberes de funcionarios asignados a su despacho legislativo en Asunción.
Alcance de la investigación a Zenaida Delgado en la Fiscalía
El expediente penal quedó asignado a la agente fiscal Marlene González, quien tendrá a su cargo la recolección de los primeros elementos probatorios. En la documentación oficial de mesa de entrada, la parlamentaria figura bajo el rótulo de sospechada. El tipo penal específico aún permanece en etapa de determinación técnica por parte de los investigadores fiscales intervinientes.
La sospecha apunta a un presunto esquema de cobro de sumas de dinero a dependientes del Poder Legislativo como condición de permanencia laboral. Esta práctica, comúnmente denominada peaje en el ámbito público, motivó la reacción de las autoridades parlamentarias para solicitar la intervención de la Justicia ordinaria.
Denuncia formal y antecedentes en la Cámara Alta
La remisión de los antecedentes al fuero penal surgió a partir de testimonios y reportes sobre posibles retenciones salariales dentro del equipo de trabajo de la senadora. Fue el titular del Congreso quien resolvió remitir las actuaciones ante las sospechas de conductas punibles en dependencias parlamentarias. El trámite busca esclarecer si existieron presiones económicas directas sobre empleados públicos.
En el marco de la investigación a Zenaida Delgado, el Ministerio Público deberá recabar testimonios del personal contratado y permanente. Asimismo, la Fiscalía solicitará informes a las direcciones administrativas del Senado sobre asignaciones presupuestarias, legajos y planillas salariales de las personas supuestamente perjudicadas.
Proceso judicial y eventual pedido de desafuero
El sistema penal paraguayo exige que ante indicios de hechos punibles cometidos por legisladores se respeten las garantías de inmunidad parlamentaria. Si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes para formular una imputación, el juzgado penal de garantías deberá remitir el pedido de desafuero a la Cámara Alta. Solo con la suspensión de sus fueros constitucionales se podrá procesar formalmente a la legisladora.
El avance de la investigación a Zenaida Delgado dependerá de los informes financieros y bancarios que corroboren las transferencias de dinero. De confirmarse la existencia de presiones o retenciones indebidas, la causa podría derivar en calificaciones como exacción o coacción, además de un eventual debate parlamentario sobre pérdida de investidura por uso indebido de influencias.
Datos clave
- La Fiscalía General abrió una causa penal contra la senadora tras la denuncia remitida por el presidente del Congreso.
- La agente Marlene González fue designada para coordinar las primeras diligencias y determinar la calificación del hecho punible.
- La parlamentaria figura en calidad de sospechada por presuntas exigencias económicas a funcionarios de su oficina legislativa.
- El proceso judicial requerirá de un desafuero constitucional en el Senado si la investigación concluye en una imputación formal.
