La senadora Zenaida Delgado afronta una creciente presión política luego de que sectores de la disidencia partidaria exigieran promover su expulsión de la Cámara Alta. La iniciativa surgió tras revelaciones periodísticas sobre presuntos cobros periódicos exigidos a subordinados y supuestas solicitudes de sumas de dinero para concretar designaciones permanentes en el Congreso.
El exministro y precandidato Arnoldo Wiens reclamó de forma pública a la bancada de Colorado Añetete que encabece el procedimiento constitucional correspondiente. A través de sus canales oficiales, el dirigente calificó las conductas atribuidas como un hecho que compromete la reputación institucional del Poder Legislativo.
Posición de la disidencia colorada sobre Zenaida Delgado
El legislador Mario Varela confirmó que acompañará el juzgamiento de su colega si se ratifican las pruebas arrimadas en las publicaciones. El parlamentario señaló que coordinará acciones con Blanca Ovelar y otros correligionarios para consensuar una postura unificada ante el pleno.
Ambos representantes recalcaron que los antecedentes ventilados exigen un análisis riguroso de los comprobantes existentes. Para los referentes opositores internos, las acusaciones contra Zenaida Delgado comprometen gravemente su continuidad en la banca parlamentaria en caso de verificarse la veracidad de los hechos denunciados.
Por su parte, la legisladora aludida rechazó tajantemente los señalamientos en su contra mediante declaraciones a los medios. Asimismo, adelantó que recurrirá a los estrados judiciales para accionar contra las personas que difundieron las supuestas irregularidades.
El debate político en torno a la bancada oficialista
El tratamiento de esta crisis representará un examen clave para el sector leal al presidente Santiago Peña. Varela advirtió que la credibilidad de la Cámara de Senadores quedará supeditada a la determinación que adopte el oficialismo ante esta controversia.
El caso cobra notoriedad debido al traslado político que protagonizó Zenaida Delgado al incorporarse formalmente al movimiento Honor Colorado. Cabe recordar que la parlamentaria ingresó al Congreso bajo el padrón del Partido Cruzada Nacional antes de pactar su pase a la bancada gubernamental.
Referentes de Añetete mencionaron que la acumulación de cuestionamientos éticos anteriores complica la posibilidad de otorgar nuevos blindajes partidarios. Sostienen que la ciudadanía demanda sanciones ejemplares ante presuntos abusos en la administración de recursos del erario público.
Sumario administrativo y protección a denunciantes
El titular del Congreso, Basilio Núñez, comunicó la instrucción de una averiguación interna para determinar responsabilidades administrativas. No obstante, legisladores disidentes advirtieron que una pesquisa burocrática no debe utilizarse para postergar ni frenar eventuales sanciones políticas o causas penales.
Varela puntualizó que los funcionarios afectados precisan garantías de protección para evitar persecuciones laborales o represalias posteriores. Por tal motivo, enfatizó que cualquier elemento de sospecha sobre la comisión de hechos punibles debe ser remitido de inmediato al Ministerio Público para su indagación judicial.
En la legislación paraguaya, el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado constituye una de las causales expresas de pérdida de investidura contempladas en el artículo 201 de la Constitución Nacional. Dicha figura legal busca preservar la integridad del cuerpo legislativo frente a conductas reñidas con la función pública.
Datos clave
- Arnoldo Wiens solicitó a la bancada disidente promover la expulsión parlamentaria tras denuncias de cobros irregulares.
- Mario Varela y Blanca Ovelar adelantaron su predisposición favorable al juicio político si se comprueban las acusaciones.
- Basilio Núñez dispuso la apertura de un sumario interno en la Cámara de Senadores para esclarecer los antecedentes.
- La senadora denunciada negó las imputaciones y anunció la promoción de medidas legales en su defensa.
