La creciente ola de violencia en Zacapa llevó al Gobierno de Guatemala a evaluar la implementación de un régimen de excepción en el departamento oriental. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó ante el Congreso que las autoridades analizan medidas extraordinarias para frenar los ataques armados que cobraron la vida de al menos doce personas en las últimas semanas.
El detonante principal de esta decisión fue el atentado ocurrido en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Río Hondo. En ese punto perdió la vida el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, Julio César Portillo Paz, junto con tres agentes de la Policía Nacional Civil que custodiaban su traslado luego de haber recibido amenazas de muerte previas.
La escalada de violencia en Zacapa y sus antecedentes
El departamento oriental atraviesa un periodo sumamente complejo en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con los registros del Observatorio de la Violencia de Diálogos, la tasa de homicidios alcanzó 31,5 casos por cada 100 mil habitantes, ubicando a la región como la cuarta más peligrosa del territorio guatemalteco.
A finales de septiembre, una masacre en el municipio de Huité dejó un saldo de ocho personas fallecidas. Las actuaciones judiciales de ese hecho permanecen bajo estricta reserva, mientras los investigadores indagan la presunta presencia de efectivos del Ejército de Guatemala en la zona durante el momento de los disparos.
Frente a este escenario, la Ley de Orden Público faculta al presidente Bernardo Arévalo y a su Consejo de Ministros a limitar ciertas garantías constitucionales. Esta herramienta jurídica permite desplegar operativos militares y policiales conjuntos para restablecer el orden público cuando se constata una perturbación grave de la paz territorial.
Postura oficial sobre los crímenes de alto impacto
Respecto al asesinato del congresista, Villeda declaró que todavía no existen certezas sobre si el hecho responde a motivaciones estrictamente políticas. La cartera de seguridad prefiere aguardar las conclusiones periciales del Ministerio Público antes de confirmar o descartar hipótesis criminales sobre el ataque armado.
Durante la emboscada al legislador también cayeron los custodios policiales Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol. El despliegue de protección respondía a un informe de riesgo elaborado durante 2024 que detectó amenazas explícitas dirigidas contra la integridad del parlamentario departamental.
En paralelo a la violencia en Zacapa, el titular de Gobernación brindó detalles sobre las pesquisas en torno a la muerte del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ultimado a tiros en la zona 5 de la capital. En este proceso, siete agentes policiales permanecen bajo investigación interna por presuntas anomalías detectadas durante la captura posterior de dos sospechosos.
Posición política y cuestionamientos al gabinete de seguridad
Diversos sectores políticos y organizaciones civiles solicitaron la renuncia del ministro de Gobernación ante la persistente inseguridad en el país. No obstante, el funcionario descartó dimitir por cuenta propia y ratificó que su continuidad en el cargo depende de la evaluación institucional que realice el mandatario Bernardo Arévalo.
En los próximos días, la mesa técnica de seguridad resolverá el alcance operativo de las restricciones para frenar la violencia en Zacapa. El gabinete evaluará si la medida implicará toques de queda nocturnos, suspensión de reuniones públicas o inspecciones vehiculares reforzadas en las rutas de acceso departamental.
Datos clave
- Decisión en análisis: El Ministerio de Gobernación evalúa aplicar un estado de excepción para contener los ataques armados en el departamento oriental.
- Víctimas mortales: Doce personas fallecieron recientemente, entre ellas el legislador Julio César Portillo Paz, tres agentes policiales y ocho civiles en Huité.
- Alta criminalidad: La región registra una tasa interanual de 31,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, situándose en el cuarto lugar nacional.
- Pesquisas abiertas: El Ministerio Público mantiene bajo reserva judicial los detalles de la masacre comunitaria y del crimen del exfiscal Solórzano Foppa.
