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Suspenden causa a dirigente sandinista que admitió golpear y amenazar a su expareja en Nicaragua

Redacción BM Online•21 de noviembre de 2026 a las 03:35 p. m.•Juigalpa

Ilustración en blanco y negro de un juicio con un hombre sentado frente a micrófonos y una jueza al fondo

Un polémico caso de violencia de género en Nicaragua generó controversia tras la decisión judicial de suspender la causa penal contra un referente político local. Hasel Ernesto Aguilar Lira, de 30 años y coordinador departamental de la Juventud Sandinista en Chontales, admitió haber golpeado y amenazado de muerte a su expareja, Katherine Alexandra Duarte Fernández, de 23 años. Pese al reconocimiento formal de los hechos, las autoridades judiciales determinaron una salida alternativa al juicio oral.

La resolución judicial y los términos del acuerdo

La jueza Arlen del Socorro Mejía Corea, titular del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Violencia de Chontales, aprobó la suspensión condicional de la persecución penal por un periodo de ocho meses. La resolución fue adoptada tras una petición del Ministerio Público, representado por la fiscal auxiliar Stacy Magdalena Lazo Rodríguez. La comparecencia estaba programada en principio para revisar pruebas, pero la defensa del acusado solicitó modificar su objetivo para tramitar una mediación legal.

Durante la audiencia, Aguilar Lira reconoció de manera libre y espontánea la veracidad de los hechos atribuidos por la Fiscalía. Con esta declaración, el juzgado frenó el avance hacia un juicio y estableció pautas de conducta obligatorias para el dirigente durante el periodo de prueba fijado. Si el imputado incumple cualquiera de las restricciones sin justificación comprobada, la Fiscalía advirtió que pedirá la inmediata revocación del beneficio judicial para retomar la causa.

Medidas judiciales ante la violencia de género en Nicaragua

El régimen de suspensión condicional impone al imputado la prohibición absoluta de portar armas de fuego y de consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes. Asimismo, Aguilar Lira tiene vedado el ingreso a locales de venta de licores y salas de juegos de azar. La orden de protección judicial fija una distancia obligatoria no menor a 300 metros de la víctima, de su hogar, de su empleo y de los sitios que suele frecuentar, además de vedar todo contacto personal o digital.

A las restricciones de acercamiento se suma la obligación de asistir a un mínimo de ocho sesiones de atención psicológica destinadas a trabajar en el control de la ira y modificar patrones agresivos. Por otro lado, el acuerdo planteaba un pago de 40.000 córdobas a favor de Duarte Fernández como resarcimiento por los perjuicios ocasionados. Sin embargo, la joven rechazó categóricamente recibir ese dinero ante la magistrada, por lo que la representación fiscal aclaró que mantiene intacta la potestad de demandar por la vía civil.

Antecedentes de las agresiones y contexto legal

Los hechos investigados se desarrollaron entre abril y el 18 de octubre de 2026 en una vivienda compartida en el barrio Virgen María de Juigalpa. La relación entre ambos había comenzado en octubre de 2025 y las agresiones físicas se desataron cuando la joven descubrió episodios de infidelidad. Según el expediente, el acusado le propinaba golpes de puño y luego intentaba justificar su conducta violenta culpando a la denunciante de haberlo provocado.

La joven decidió poner punto final a la convivencia a inicios de septiembre, pero Aguilar Lira insistió de forma reiterada en retomar el vínculo. Ante las negativas de Duarte Fernández, las intimidaciones y agresiones continuaron hasta que el 18 de octubre ella formalizó la denuncia ante la Policía. Posteriormente, el Ministerio Público radicó la acusación bajo la carátula de violencia psicológica leve, lo que habilitó legalmente el trámite de una solución alterna.

Las salidas procesales que evitan el juicio en situaciones de violencia de género en Nicaragua y en otros países de la región suelen desatar debates sobre la eficacia de las medidas de protección. En el sistema penal comparado, la suspensión condicional busca descongestionar los tribunales bajo condiciones estrictas, aunque diversas organizaciones de derechos humanos cuestionan que agresores confesos eviten condenas de prisión efectiva en casos de agresiones físicas y amenazas reiteradas.

Datos clave

  • Acusado confeso: Hasel Ernesto Aguilar Lira, coordinador departamental de la Juventud Sandinista en Chontales, admitió haber agredido físicamente y amenazado de muerte a su expareja.
  • Suspensión procesal: La jueza Arlen del Socorro Mejía Corea otorgó la suspensión condicional de la persecución penal durante un periodo de prueba de ocho meses.
  • Restricciones estrictas: El dirigente tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la víctima, portar armas, consumir alcohol y deberá completar ocho sesiones de terapia psicológica.
  • Rechazo a indemnización: Katherine Alexandra Duarte Fernández se negó en plena audiencia a recibir los 40.000 córdobas propuestos para la reparación del daño.

Fuente: infobae.com

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