La persistencia de la violencia contra la mujer en Paraguay impulsó la convocatoria a una audiencia pública en la Cámara de Diputados para analizar las graves deficiencias estatales en el resguardo a personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue presentada por la diputada Rocío Vallejo tras el crimen de Deisy Paola Giménez, joven de 22 años asesinada presuntamente por su expareja en un contexto de constantes transgresiones a las medidas cautelares.
El presunto autor del ataque, Aldo Duarte, contaba con denuncias previas y una orden judicial de restricción que no impidió el desenlace fatal. Vallejo manifestó que este hecho exige una revisión urgente de las respuestas brindadas por las instituciones encargadas de salvaguardar la vida de las denunciantes.
Cuestionamientos al sistema de control y tobilleras electrónicas
Durante su exposición, la parlamentaria remarcó que las debilidades del sistema no constituyen un episodio aislado. Citó el homicidio de Rebeca Martínez y el intento de asesinato contra Carolina Raquel Aguilar en el distrito de Eusebio Ayala, un suceso donde uno de los presuntos involucrados contaba con una tobillera electrónica de monitoreo judicial.
La legisladora cuestionó la efectividad de estos dispositivos de rastreo cuando no existe una capacidad de respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad. Señaló que la tecnología resulta inútil si la persona procesada puede movilizarse sin restricciones ni sanciones efectivas ante el quebrantamiento de las normas establecidas por los juzgados.
Debate sobre sanciones penales y necesidad de prevención real
Frente a planteamientos de ciertos sectores que proponen la implementación de penas como la cadena perpetua, la congresista recordó que dicha figura resulta inconstitucional en el ordenamiento paraguayo. Explicó que la gravedad del problema no radica en el monto de las condenas carcelarias, sino en las fallas de prevención temprana.
De acuerdo con los datos analizados, los agresores actúan sin ser disuadidos por los años de cárcel que podrían enfrentar. Vallejo insistió en que una legislación más severa pierde efectividad si el aparato estatal ignora los pedidos de auxilio y empuja a las víctimas a desistir de las acciones judiciales para evitar trámites burocráticos.
Articulación institucional contra la violencia contra la mujer
El encuentro en el Parlamento busca reunir a representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para determinar en qué tramo del protocolo de protección ocurren las omisiones. La parlamentaria subrayó que la falta de articulación entre estos organismos anula los esfuerzos individuales de las denunciantes que recurren a la Justicia formal.
La fijación de la fecha exacta para la audiencia pública en la Cámara de Diputados dependerá de la disponibilidad de la sala de sesiones en los próximos días. La meta principal consiste en consensuar mecanismos de auxilio que impidan que los expedientes judiciales terminen en nuevos casos de violencia contra la mujer en el territorio nacional.
Datos clave
- Convocatoria institucional: La diputada Rocío Vallejo impulsa una audiencia pública para examinar las deficiencias de los organismos de protección y seguridad.
- Fallas de protección: Deisy Paola Giménez fue asesinada pese a contar con medidas de alejamiento vigentes contra el presunto agresor.
- Eficacia de dispositivos: El uso de tobilleras electrónicas quedó en entredicho tras un caso de homicidio y tentativa registrado en Eusebio Ayala.
- Foco en prevención: La propuesta legislativa descarta el endurecimiento punitivo y prioriza la atención inmediata a las víctimas que solicitan socorro judicial.
