La investigación sobre la presunta venta de cargos en el Instituto de Previsión Social presenta llamativas similitudes con las denuncias de cobros irregulares en el Congreso Nacional, según confirmó el agente fiscal Orlando Paiva en Asunción. La pesquisa apunta a que una misma persona habría replicado el esquema irregular en dos instituciones estatales distintas de manera sistemática.
El representante del Ministerio Público señaló que la abogada Fátima Agüero, quien se desempeñó como asesora de la senadora Zenaida Delgado, habría tenido un papel protagónico en ambas estructuras. Sin embargo, el fiscal aclaró puntualmente que la legisladora no forma parte de su causa referida a la previsional.
Similitudes del modus operandi y la venta de cargos
De acuerdo con las explicaciones del fiscal Paiva, la estructura investigada coordinaba reuniones y exigía pagos indebidos bajo la promesa de nombramientos directos. En ese sentido, la venta de cargos dentro de la previsional médica contemplaba montos que iban desde G. 1.500.000 hasta los G. 15 millones.
Las pesquisas indican que los sospechosos ofrecían supuestos contratos de trabajo y recategorizaciones salariales sin entregar las copias pertinentes a los afectados. Para el agente, la acusada simplemente cambió de institución pública pero mantuvo idéntica mecánica de captación y exigencias dinerarias a los postulantes.
El equipo fiscal encabezado por Paiva junto a las agentes Sandra Ledesma y Sofía Galeano formuló acusación formal por estafa contra veintiuna personas. Entre las sospechosas identificadas figura la excolaboradora de la Cámara Alta, señalada como pieza clave para coordinar a las víctimas.
Antecedentes judiciales y recursos pendientes
El proceso judicial arrastra trabas procesales que impiden fijar una fecha para la nueva audiencia preliminar. En los primeros meses de 2025, el Juzgado Penal de Garantías elevó el caso a juicio únicamente por estafa y desestimó la figura de asociación criminal.
Frente a este fallo, los fiscales apelaron la resolución judicial al considerar indispensable mantener ambas calificaciones penales. La Cámara de Apelaciones anuló el pronunciamiento anterior, lo que obliga a sustanciar nuevamente la etapa preliminar para debatir el alcance de la acusación.
Ante esta situación de demora, el Ministerio Público anunció que urgirá la resolución de los recursos pendientes para evitar que la causa quede paralizada. El objetivo de los investigadores consiste en someter a los acusados a juicio con todas las figuras penales correspondientes.
Denuncias en el Congreso y pedido de pérdida de investidura
En paralelo a este proceso judicial, el despacho de Zenaida Delgado afronta graves denuncias públicas formuladas por tres exfuncionarias. Las denunciantes manifestaron que la parlamentaria presuntamente les exigía la totalidad de sus bonificaciones y cobros mensuales en concepto de peajes.
Los testimonios agregaron que se habrían gestionado créditos bancarios para abonar sumas de hasta G. 100 millones con el fin de asegurar cargos. Según las denunciantes, Agüero actuaba como nexo para el ingreso de personal y posteriormente realizaba intimaciones extrajudiciales.
Por su parte, la senadora Delgado rechazó tajantemente las acusaciones y sostuvo que las denuncias constituyen falsedades formuladas tras desvincular a las funcionarias por supuesta lesión de confianza. A raíz del caso, la Mesa Directiva del Senado y sectores de la oposición impulsan la pérdida de investidura de la legisladora.
Datos clave
- Mismo esquema: La Fiscalía determinó que el modus operandi detectado en IPS se habría repetido en el Congreso.
- Exasesora acusada: Fátima Agüero enfrenta cargos por presunta estafa en la causa de la previsional.
- Altas sumas: Los pagos ilegales exigidos en el IPS oscilaban entre G. 1.500.000 y G. 15 millones.
- Proceso al Senado: La Mesa Directiva impulsa la pérdida de investidura de la senadora Zenaida Delgado.
