Una investigación interna reveló un presunto esquema de blanqueo de vehículos robados en Brasil mediante resoluciones y expedientes tramitados de manera irregular en la circunscripción de Concepción. La Corte Suprema de Justicia resolvió enviar todos los antecedentes al Ministerio Público para que determine las eventuales responsabilidades penales. La decisión responde a los hallazgos de una auditoría que detectó al menos nueve casos de asignaciones sospechosas bajo la figura de depositario judicial.
La remisión de los antecedentes fue planteada durante la sesión plenaria por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, responsable de la superintendencia judicial de la zona norte. Según expuso la autoridad judicial, el mecanismo consistía en simular incautaciones de camionetas de alta gama dentro de procesos que no existían formalmente en el sistema. Los rodados eran entregados posteriormente a agentes de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Maniobras con vehículos robados en Brasil en juzgados
Las sospechas iniciales apuntaban a cinco expedientes, pero la revisión técnica amplió la cifra a nueve casos confirmados con irregularidades manifiestas. Entre las personas señaladas en la documentación institucional figuran la exjueza de Garantías de Concepción Honorina Ubalda Acosta y la actuaria Rossana Isabel Coronel. Asimismo, la pesquisa administrativa involucra a los fiscales Epifanio Anastacio Joel Díaz Ferreira y Celso René Morales Fernández en diversas actuaciones vinculadas a estos procesos.
El ministro superintendente advirtió a sus pares que las resoluciones se redactaban en formato papel pese a que ya regía el expediente electrónico en la sede tribunalicia. Esta modalidad habría permitido confeccionar causas paralelas inexistentes en los registros oficiales para dar apariencia de legalidad a los automotores. Además, la auditoría constató que la propia magistrada Acosta solicitó un vehículo para su uso personal mientras un juez interino cubría su despacho, quien finalmente autorizó la entrega solicitada.
El control que destapó la red en Fernando de la Mora
El presunto esquema irregular quedó al descubierto a raíz de una intervención de tránsito realizada en la ciudad de Fernando de la Mora. En dicho procedimiento, el suboficial policial José Antonio Grance fue retenido tras incurrir en una supuesta exposición al peligro en el tránsito terrestre mientras conducía una camioneta Toyota Fortuner del año 2019. Al verificar la placa metálica del rodado, los intervinientes constataron que pertenecía a otro vehículo con número de chasis diferente.
Para justificar la tenencia del automóvil, el agente policial exhibió el Auto Interlocutorio número 256, documento que presuntamente le otorgaba la custodia del bien en una causa por tentativa de feminicidio. Sin embargo, la verificación en el sistema Judisoft y en los archivos impresos demostró que dicha resolución correspondía en realidad a una orden de allanamiento dictada en un juicio por robo agravado. La causa original carecía de actas de incautación o evidencias fotográficas sobre la existencia del rodado.
Alcance del depósito judicial y traslado a la Fiscalía
Debido a que la exjueza Acosta ya no forma parte del plantel de funcionarios del Poder Judicial, las medidas disciplinarias internas resultan insuficientes para sancionar las faltas detectadas. Por esta razón, el pleno del máximo tribunal determinó que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar la existencia de hechos punibles ordinarios. Las indagaciones apuntarán a esclarecer la cadena de mando que autorizó el uso de vehículos robados en Brasil sin sustento legal en instituciones públicas.
La figura del depositario judicial se encuentra prevista en la legislación paraguaya para asegurar la conservación de bienes incautados durante litigios penales mientras se define su destino final. No obstante, las autoridades judiciales enfatizaron la gravedad de utilizar este recurso procesal como una vía para legitimar camionetas suntuosas de origen ilícito. Con la derivación del expediente, los fiscales designados deberán indagar tanto a los magistrados firmantes como a los uniformados que recibieron los móviles bajo custodia.
Datos clave
- Remisión penal: La Corte Suprema de Justicia envió al Ministerio Público el informe de auditoría que constató nueve casos de presunta asignación irregular de camionetas de alta gama.
- Implicados en la pesquisa: Las averiguaciones mencionan a la exjueza Honorina Acosta, a la actuaria Rossana Coronel y a los agentes fiscales Epifanio Díaz Ferreira y Celso René Morales.
- Modo de operar: La maniobra empleaba expedientes falsos en formato físico para simular la incautación de rodados sustraídos y entregarlos a policías y antidrogas.
- El detonante: El caso saltó a la luz tras la demora de un suboficial en Fernando de la Mora que manejaba una camioneta con placa clonada y un oficio judicial adulterado.
