La situación académica vinculada a la Universidad Sudamericana volvió al centro de la agenda institucional tras una solicitud formal en la máxima instancia judicial paraguaya. Durante la última sesión plenaria en Asunción, los ministros acordaron avanzar en la fiscalización de los legajos de su propio personal. La iniciativa busca transparentar las calificaciones académicas de quienes cumplen funciones jurisdiccionales y administrativas dentro del sistema de justicia.
Pedido de auditoría a Recursos Humanos
El ministro Manuel Ramírez Candia presentó formalmente el requerimiento ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia. La petición solicita a la Dirección General de Recursos Humanos un informe pormenorizado sobre los trabajadores que poseen títulos profesionales emitidos por la mencionada institución. La inquietud surgió tras versiones periodísticas que mencionan supuestos cursados acelerados de tres años para la carrera de Derecho.
El planteamiento enfatiza la urgencia de determinar la cifra exacta de funcionarios que cuentan con certificaciones de dicha casa de estudios. Una vez obtenido el listado oficial, las autoridades judiciales prevén someter cada legajo a un examen de regularidad académica y documental. Con esta medida se pretende esclarecer si las acreditaciones cumplieron las exigencias vigentes de la educación superior antes de otorgar ascensos o bonificaciones.
El antecedente del caso Hernán Rivas
Esta verificación responde a las repercusiones derivadas del polémico caso del exsenador Hernán Rivas, quien obtuvo su diploma de abogado en ese mismo establecimiento educativo. Aquella controversia generó un fuerte cuestionamiento social e institucional acerca de la validez y el rigor de los títulos otorgados en programas presuntamente abreviados. A raíz de este escenario, las instituciones públicas comenzaron a revisar los registros de sus cuadros técnicos.
El titular de la Corte, Alberto Martínez Simón, aclaró durante la sesión que el Poder Judicial ya había iniciado diligencias afines a pedido de la Contraloría General de la República. El presidente explicó que el área administrativa remitió previamente un reporte preliminar. La intención ahora es unificar los hallazgos y remitir un expediente consolidado a los gabinetes ministeriales para su estudio minucioso.
La pesquisa interna sobre la Universidad Sudamericana
El seguimiento institucional sobre la Universidad Sudamericana busca garantizar la idoneidad técnica en los juzgados y dependencias judiciales del país. La Secretaría del pleno confirmó que actualmente se desarrollan análisis complementarios para completar la información exigida por los ministros. El informe final será distribuido formalmente a cada despacho para definir las acciones legales y administrativas correspondientes.
En Paraguay, la carrera judicial exige que los cargos jurisdiccionales y las jefaturas intermedias estén respaldados por títulos universitarios auténticos y programas debidamente acreditados. Cualquier irregularidad en las certificaciones académicas puede comprometer la legitimidad de las resoluciones judiciales y la idoneidad del funcionariado público. Por esa razón, el control de la formación universitaria constituye una tarea prioritaria para preservar la credibilidad de la justicia.
Los resultados de esta indagación permitirán identificar si existieron ascensos indebidos o cobros de bonificaciones por grado académico que no correspondían a normativas legales. Las autoridades jurisdiccionales aguardan la conclusión técnica para determinar posibles sanciones disciplinarias o traslados a instancias fiscales. La transparencia institucional apunta a restaurar la confianza ciudadana en los servidores públicos que administran las leyes.
Datos clave
- Requerimiento en la Corte: El ministro Manuel Ramírez Candia solicitó un informe a Recursos Humanos para identificar a funcionarios con títulos de la casa de estudios investigada.
- Dudas sobre la regularidad: Las sospechas apuntan a supuestas carreras de Derecho cursadas en apenas tres años por parte de trabajadores judiciales.
- Antecedente institucional: La medida surge tras la polémica en torno al exsenador Hernán Rivas, quien egresó de la misma entidad privada.
- Coordinación con la Contraloría: El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, confirmó que ya existía una solicitud previa del órgano contralor con informes parciales en curso.
