La Universidad de San Carlos acudió a la máxima instancia judicial para intentar anular una serie de allanamientos efectuados por el Ministerio Público en su sede central. La administración universitaria busca frenar las pesquisas penales relacionadas con la presunta eliminación intencional de registros de calificaciones de alumnos disidentes. Esta ofensiva legal ocurre en medio de una creciente disputa política e institucional en Guatemala.
Las acciones de la Universidad de San Carlos ante la corte
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la casa de estudios promovió diversos recursos procesales con el visto bueno del Consejo Superior Universitario. Entre las medidas destacan un incidente de nulidad e ineficacia, un reclamo por actividad procesal defectuosa y una acción constitucional de amparo radicada bajo el número 8846-2026. Según los representantes del rector Walter Mazariegos, los operativos carecen de validez jurídica por presuntos vicios de origen.
El argumento institucional sostiene que la jueza Neldy Vanessa Rodríguez Andrade, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes, no constituía el juez natural facultado para emitir la autorización judicial. Ante esta supuesta irregularidad procesal, la cúpula directiva resolvió recurrir a la Corte de Constitucionalidad para frenar las pesquisas. Dicho tribunal cuenta entre sus integrantes con la magistrada Julia Marisol Rivera, electa por el gremio universitario y allegada al secretario general Luis Cordón Lucero.
Detalles del operativo y las pruebas informáticas
Los procedimientos encabezados por el fiscal general Gabriel García Luna se extendieron por casi ocho horas entre el 18 y el 19 de septiembre en el campus central de la Universidad de San Carlos. Durante el cateo, los agentes fiscales secuestraron dos computadoras portátiles y una unidad central de procesamiento con monitor. De acuerdo con actas internas, uno de los aparatos incautados estaba asignado al ingeniero Walter Joel Mendoza Chiguichon.
La investigación penal se originó a partir de las denuncias presentadas por entre 30 y 50 universitarios que sufrieron el borrado arbitrario de sus historiales académicos. El Ministerio Público sospecha que funcionarios del Departamento de Registro y Estadística y de la Dirección General de Administración habrían alterado información informática y cuentas en la nube para perjudicar a dirigentes contrarios a la administración actual, impidiéndoles inscribirse durante el segundo semestre.
A su vez, las autoridades universitarias facultaron a sus abogados para emprender acciones legales contra los operadores de justicia involucrados. Desde la institución alegan que los fiscales pudieron incurrir en posibles responsabilidades penales por extralimitarse en sus funciones. Esta postura institucional refleja la alta polarización que rodea la administración académica tras los últimos relevos en el sistema fiscal guatemalteco.
Postura de los sectores disidentes y el trasfondo institucional
Dirigentes estudiantiles y juristas independientes catalogaron las impugnaciones de la rectoría como maniobras para entorpecer el esclarecimiento de los hechos. Byron García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, consideró que los amparos representan medidas desesperadas de las autoridades. No obstante, el dirigente gremial aclaró que los afectados lograron matricularse tras los reclamos y continúan con sus estudios de manera regular.
Por otro lado, Aníbal García, asesor jurídico de la plataforma Dignidad y Rescate, advirtió sobre el presunto uso indebido de la autonomía universitaria como un escudo para asegurar la impunidad. Según explicó el profesional del derecho, ningún recurso de amparo debería obstaculizar el debido proceso ni impedir las diligencias fiscales sobre delitos informáticos. Asimismo, remarcó que las redes de influencia de la rectoría perdieron peso tras los recientes cambios estructurales en el Ministerio Público.
Datos clave
- Recursos procesales: El Consejo Superior Universitario presentó amparos e incidentes de nulidad ante la Corte de Constitucionalidad contra los allanamientos judiciales.
- Denuncias estudiantiles: Entre 30 y 50 alumnos opositores denunciaron la desaparición intencional de sus historiales de notas en los sistemas informáticos institucionales.
- Incautación de equipos: El Ministerio Público secuestró dos computadoras portátiles y un CPU en las oficinas administrativas durante una diligencia de ocho horas.
- Afectación académica: Las alteraciones en las bases de datos impidieron temporalmente la inscripción de dirigentes al segundo semestre del ciclo lectivo.
