El debate sobre el traspaso de tierras públicas generó fuertes cuestionamientos en la Cámara de Diputados durante una sesión extraordinaria no prevista. La propuesta legislativa buscaba transferir la administración de inmuebles fiscales pertenecientes al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra a las intendencias de Nueva Asunción, Nanawa e Itá. Ante las sospechas de un posible reparto discrecional y la falta de análisis técnico, el pleno resolvió congelar el estudio del tema durante quince días.
La postergación surgió a partir de una moción planteada por el legislador oficialista Avelino Dávalos, titular de la Comisión de Bienestar Rural. La postura sumó el respaldo inmediato de sectores de la oposición, que alertaron sobre el riesgo inminente de facultar a jefes comunales para adjudicar o vender áreas de gran valor territorial y comercial sin los controles de las normas agrarias vigentes.
Motivos detrás del freno al traspaso de tierras públicas
El proyecto denominado para el fortalecimiento del desarrollo territorial pretendía incorporar los inmuebles estatales al dominio privado municipal de los tres distritos citados. Según advirtió la diputada Rocío Vallejo, esta modificación permitiría a los intendentes de turno disponer de los predios y comercializarlos con escasa fiscalización. La parlamentaria cuestionó con dureza que el tema fuera incorporado de forma intempestiva en el orden del día sin planos periciales ni antecedentes claros.
Vallejo sostuvo que la plenaria carece de informes detallados sobre la ubicación exacta, el valor catastral y la cantidad precisa de hectáreas que saldrían de la tutela estatal. A su criterio, una decisión de esta envergadura abre las puertas a negociados inmobiliarios que podrían perjudicar el patrimonio público en favor de sectores con influencia partidaria local.
Argumentos de los proyectistas y posturas a favor
Desde la vereda de los defensores, el diputado proyectista Enrique Antonio Buzarquis argumentó que las áreas afectadas corresponden a terrenos ociosos que hoy no aportan recursos impositivos a los distritos. En su exposición, afirmó que se trata de sectores anegadizos e improductivos para la agricultura que demandan planes de ordenamiento territorial, delimitación de espacios recreativos y radicación de futuros polos industriales.
Por su parte, el diputado por Presidente Hayes, Rubén Roussillón, manifestó que la norma responde a una necesidad de regularización dominial para personas que actualmente habitan o pretenden asentarse en estas áreas. A su juicio, el traspaso de tierras públicas constituiría un mecanismo ágil para dotar de desarrollo e infraestructura a ciudades estratégicas, en particular aquellas situadas en la franja chaqueña próxima a la capital nacional.
Riesgos institucionales y pugnas de poder local
La controversia tiene un fuerte trasfondo político por el perfil de las autoridades municipales beneficiadas con la iniciativa. Los distritos chaqueños de Nueva Asunción y Nanawa están administrados por intendentes alineados al sector del titular del Congreso, mientras que el municipio de Itá está encabezado por un dirigente afín al entorno legislativo del proyecto. El temor expresado en los pasillos parlamentarios apunta a una utilización proselitista del suelo estatal en periodos electorales venideros.
El paso de bienes del dominio agrario al régimen comunal elimina las restricciones fijadas por el Estatuto Agrario paraguayo, lo que habilitaría transferencias al sector privado a precios fiscales o por debajo del valor de mercado. Con el aplazamiento acordado, las comisiones asesoras deberán dictaminar y solicitar información al ente agrario antes de volver a incluir el expediente en la agenda legislativa.
Datos clave
- La Cámara de Diputados postergó por dos semanas el estudio del proyecto de cesión de terrenos fiscales a intendencias.
- Las comunas afectadas por la controvertida iniciativa legislativa son Nueva Asunción y Nanawa, en Presidente Hayes, junto a la ciudad de Itá, en Central.
- Los parlamentarios opositores denunciaron que la propuesta permite a los intendentes enajenar suelo estatal sin control técnico previo.
- Los proyectistas alegaron que las tierras son actualmente ociosas y precisan proyectos de radicación industrial y ordenamiento.
