La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado convocó a comparecer a la legisladora para ejercer su derecho a la defensa ante el trámite de pérdida de investidura impulsado en su contra. La cita está programada para el lunes a las 15:30 en la Sala de Sesiones de la Cámara Alta.
Convocatoria oficial y acusaciones por peaje salarial
La reunión fue confirmada mediante un documento firmado por el senador Javier Zacarías Irún, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. La actividad estaba pactada en un comienzo para las 13:00, pero la mesa directiva decidió reajustar el horario. Durante el encuentro, la parlamentaria podrá presentar sus argumentos acompañada por sus defensores técnicos.
El proceso parlamentario responde al pedido planteado a finales de octubre por un grupo de ocho senadores. La solicitud formal señala la presunta comisión de uso indebido de influencias, causal prevista explícitamente en el artículo 201 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay.
Las denuncias principales giran en torno a un supuesto esquema de exigencias monetarias dentro de la sede legislativa. Tres funcionarias asignadas a su despacho manifestaron haber sido víctimas del cobro irregular de haberes a cambio de asegurar o mantener sus contrataciones en el estamento estatal.
Descargos legales y el trámite de la pérdida de investidura
Para garantizar las garantías procesales de la legisladora, las autoridades legislativas recordaron la vigencia de los artículos 16 y 17 de la Carta Magna. Dichos apartados garantizan la inviolabilidad de la defensa en juicio y la presunción de inocencia en todo procedimiento legal o administrativo.
El tratamiento de la pérdida de investidura requiere de un análisis exhaustivo de los elementos arrimados por los denunciantes. Según trascendió en los expedientes presentados, los montos exigidos a las colaboradoras habrían alcanzado la cifra de 100 millones de guaraníes.
Entre los firmantes del libreto acusatorio se encuentran los legisladores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza, José Oviedo, Rubén Velázquez, Eduardo Nakayama, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez y Óscar Salomón. Todos ellos instaron al pleno a dar un trámite expedito al caso.
Investigación penal y proceso en la Cámara Alta
En forma paralela al juzgamiento político, la justicia ordinaria inició sus propias indagaciones. El Ministerio Público abrió una causa penal para determinar la veracidad de los hechos relatados por las funcionarias afectadas. Esta investigación fiscal surgió tras la remisión del expediente efectuada por el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez.
Es importante remarcar que el fuero parlamentario y el fuero penal avanzan de manera independiente. Mientras el Poder Legislativo evalúa únicamente si existió un uso indebido de influencias para la destitución de la banca, el Ministerio Público indagará la existencia de posibles hechos punibles de tipificación penal.
El pleno de la Cámara de Senadores tiene previstos el debate y la votación final sobre este expediente para el próximo miércoles. De acuerdo con fuentes parlamentarias, existirían las mayorías requeridas para resolver la desvinculación definitiva de la parlamentaria, aunque el resultado estará sujeto a la votación en la sesión plenaria.
Datos clave
- Convocatoria formal: La Comisión de Asuntos Constitucionales citó a la legisladora para el lunes a las 15:30 con el fin de escuchar su descargo técnico.
- Causal alegada: Ocho senadores fundamentaron el pedido de expulsión en la presunta comisión de uso indebido de influencias, según el artículo 201 constitucional.
- Denuncias graves: Tres funcionarias acusaron la exigencia de sumas de dinero de hasta 100 millones de guaraníes para permanecer en sus cargos.
- Doble proceso: La causa marcha por dos carriles separados, uno político dentro del Senado y otro penal impulsado por el Ministerio Público.
- Definición en puerta: La sesión plenaria de la Cámara Alta juzgará el caso de pérdida de investidura este miércoles.
