Un exhaustivo informe sobre la tortura en Nicaragua reveló la existencia de centros clandestinos de detención y abusos sistemáticos en dependencias policiales tras las protestas ciudadanas de 2018. El documento fue presentado por el Observatorio Nicaragüense contra la Tortura y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Ambas organizaciones documentaron graves tratos inhumanos en al menos ocho municipios y señalaron una estructura represiva articulada desde el Estado.
Centros clandestinos y detenciones irregulares
La investigación documentó a 17 personas retenidas en lugares no oficiales entre finales de mayo de 2018 y agosto de 2019. Entre las víctimas figuran quince hombres y dos mujeres capturados en su mayoría por fuerzas paraestatales armadas y encapuchadas.
Los traslados se realizaban con los ojos vendados o forzando a los detenidos a mantener la cabeza contra el suelo del vehículo. Los afectados denunciaron golpizas severas, hambre forzada, quemaduras y violencia sexual durante encierros breves pero intensos bajo absoluto aislamiento.
Las instalaciones irregulares funcionaban en casas particulares, sedes partidarias del Frente Sandinista y recintos municipales en localidades como Jinotepe, Diriamba, Sébaco, Poneloya, Masaya, Managua, León y Matagalpa. Trece de estas víctimas pasaron luego a delegaciones policiales oficiales, confirmando la coordinación con el aparato de seguridad estatal.
Prácticas y patrones de tortura en Nicaragua
El antiguo complejo de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como Chipote Viejo, concentró la mayor cantidad de abusos con 89 testimonios registrados. Los prisioneros padecieron encierro en celdas minúsculas, interrogatorios nocturnos, descargas eléctricas, asfixia y desprendimiento de uñas antes de su clausura en febrero de 2019.
El informe documentó que la tortura en Nicaragua se ejecutó también en el penal Jorge Navarro, denominado La Modelo, y en el establecimiento femenino La Esperanza. En el Nuevo Chipote, que albergó a decenas de personas entre 2019 y 2022, las agresiones evolucionaron hacia un aislamiento prolongado y el desgaste mental constante mediante luces permanentes e interrupción del descanso.
Asimismo, se identificaron afectaciones severas en comisarías policiales de 29 municipios en 14 departamentos de la nación centroamericana. Las familias sufrieron la negativa reiterada de información oficial, manteniéndose en incertidumbre durante semanas respecto a la ubicación de sus parientes.
Identificación de responsables y repercusiones regionales
El Observatorio identificó con nombres y funciones a 156 presuntos perpetradores de abusos físicos y psicológicos. La nómina incluye a 69 agentes de la Policía Nacional y 24 funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, además de autoridades municipales y militantes partidarios.
Los organismos señalaron que la cadena de mando responde a las directivas de la presidencia nicaragüense. Las consecuencias médicas de estos tratos dejaron secuelas físicas permanentes y trastornos emocionales duraderos tanto en los sobrevivientes como en sus círculos cercanos.
Para los defensores de las libertades civiles en Paraguay, los casos sistemáticos de tortura en Nicaragua evidencian el grave deterioro institucional que sufre la región frente a regímenes que desmantelan el Estado de derecho y anulan las garantías procesales.
Datos clave
- 17 personas sufrieron encierro y torturas en centros clandestinos ubicados en ocho municipios.
- 156 presuntos perpetradores fueron identificados en la estructura represiva, incluyendo policías y funcionarios locales.
- Chipote Viejo concentró 89 testimonios de abusos graves antes de su clausura en 2019.
- Aislamiento prolongado y tortura psicológica caracterizaron las detenciones en el Nuevo Chipote y La Modelo.
