El debate sobre los títulos universitarios falsos cobró renovada fuerza en el ámbito político nacional tras los reclamos formulados por el senador Eduardo Nakayama en Asunción. El legislador solicitó que las pesquisas penales abiertas contra el exparlamentario Hernán Rivas no concluyan únicamente con su juzgamiento individual. Nakayama demandó rastrear a toda la estructura que facilitó la expedición y registro de la documentación académica cuestionada.
El Ministerio Público formalizó una acusación contra Hernán Rivas por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con la tesis elaborada por la Fiscalía, el encausado habría utilizado certificados y diplomas que carecen de respaldo académico real. Dicha documentación sirvió posteriormente para gestionar su matrícula profesional de abogado ante las autoridades pertinentes.
Los investigadores fiscales destacaron la aparente inexistencia de un trayecto universitario verificable en los registros formales. En el historial presentado no figuran asistencias regulares, inscripciones correlativas, evaluaciones periódicas ni registros que comprueben que cursó de manera efectiva la carrera de Derecho. Por su parte, la defensa técnica del procesado rechazó tales afirmaciones y sostuvo la legalidad de los documentos aportados.
La sospecha sobre títulos universitarios falsos en cargos estatales
Ante este escenario, Nakayama advirtió que lo revelado representa apenas una mínima fracción de un problema extendido en la administración pública. El parlamentario solicitó abrir pesquisas profundas para determinar si existen otros títulos universitarios falsos utilizados para acceder a cargos públicos de relevancia institucional. Para el legislador, la causa penal actual debe convertirse en el punto de partida de auditorías integrales.
El congresista insistió en que el Ministerio Público debe seguir el rastro administrativo para identificar a cada funcionario involucrado en la tramitación. La pesquisa, según sostuvo, tiene que abarcar a quienes firmaron, legalizaron, registraron y validaron los legajos educativos sin efectuar los controles correspondientes. Con esta postura, busca evitar que las responsabilidades recaigan de forma aislada en quien portaba el cartón final.
El impacto institucional en el Jurado de Enjuiciamiento
La gravedad del caso radica en que Rivas llegó a ocupar la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano extrapoder encargado de juzgar el desempeño de jueces y fiscales. La Constitución Nacional exige de manera taxativa el título de abogado para que diputados y senadores integren esta entidad colegiada.
Una determinación judicial que confirme la irregularidad del documento profesional abriría severos cuestionamientos sobre resoluciones anteriores. Diversas causas disciplinarias en las que intervino o votó el exlegislador quedarían expuestas a pedidos de nulidad jurídica, bajo el argumento de que uno de los juzgadores carecía de la habilitación legal indispensable para ejercer dicha magistratura disciplinaria.
Mecanismos de control académico bajo escrutinio
El reclamo legislativo también pone en tela de juicio la eficacia de los sistemas estatales de certificación superior. Distintas dependencias encargadas de la supervisión educativa quedan bajo observación debido a la aparente debilidad institucional de sus filtros de verificación ante documentos académicos de dudosa procedencia.
La posibilidad de que opere un circuito permisivo para la convalidación de títulos universitarios falsos genera inquietud en la comunidad jurídica. Nakayama remarcó que dar por cerrado el caso sin revisar la cadena completa dejaría desprotegida a la ciudadanía frente a personas que acceden a funciones de control sin la formación técnica exigida por la ley.
Datos clave
- Acusación fiscal: Hernán Rivas enfrenta cargos por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
- Ausencia de registros: La Fiscalía constató que no existen constancias de asistencias, exámenes ni cursado regular que respalden la carrera de Derecho.
- Reclamo de Nakayama: El senador pide que la investigación no termine en Rivas y alcance a toda la cadena de validación administrativa.
- Efecto en el JEM: Advierten sobre posibles cuestionamientos a fallos disciplinarios tomados cuando el procesado integró y presidió la institución.
- Auditoría general: Plantean verificar otros cargos públicos donde el título universitario constituye un requisito legal vinculante.
