El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad resolvió catalogar formalmente a tres agrupaciones delictivas como terroristas en Honduras, durante una cumbre interinstitucional celebrada en la sede del Poder Ejecutivo en Tegucigalpa. La determinación gubernamental apunta a profundizar las acciones punitivas contra estructuras complejas sin recurrir a la suspensión generalizada de derechos cívicos.
La sesión de alto nivel estuvo presidida por el mandatario Nasry Asfura y contó con la intervención directa de representantes del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y las principales dependencias castrenses y policiales. Según confirmaron voceros oficiales, el propósito central consiste en desarticular a redes dedicadas a la extorsión sistemática y la ocupación armada de diversas comunidades.
Alcance legal y reserva de las organizaciones designadas
El titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, ratificó que las tres organizaciones señaladas ya quedaron encuadradas bajo esta tipificación especial, aunque sus identidades permanecerán en estricto secreto temporal. La reserva de los nombres responde a una estrategia operativa para evitar que los cabecillas anticipen las maniobras tácticas que alistan las fuerzas del orden.
El respaldo normativo de esta medida se fundamenta en las modificaciones introducidas al Código Penal mediante el Decreto 84-2026. Dicha disposición extendió la definición legal de asociación ilícita agravada para incluir a pandillas, maras, redes de tráfico de estupefacientes y bandas de secuestro que ejerzan intimidación colectiva o control geográfico prolongado sobre barrios vulnerables.
Pese a esta calificación colectiva, las autoridades recalcaron que la normativa vigente exige la individualización penal de cada sospechoso. En consecuencia, el Ministerio Público deberá comprobar en juicio oral y público la pertenencia, participación material o patrocinio económico atribuido a cada encausado para obtener una sentencia condenatoria.
Nueva tipificación para organizaciones catalogadas como terroristas en Honduras
Al encuadrar formalmente a estas estructuras como terroristas en Honduras, los operadores de justicia contarán con atribuciones procesales más rigurosas frente a la criminalidad organizada. El nuevo esquema normativo busca superar las limitaciones habituales del derecho penal común al momento de investigar tramas delictivas de alcance transnacional.
Para canalizar estos procesos, el Estado creará un circuito judicial especializado dotado de jueces de letras, tribunales de alzada y agentes fiscales dedicados con exclusividad a este tipo de expedientes. Los funcionarios asignados a estas dependencias dispondrán de esquemas de protección reforzados ante el elevado nivel de amenaza que suponen dichas causas.
De forma paralela, el Ejecutivo oficializó el reglamento que pone en marcha la Agencia Nacional contra el Crimen. Esta nueva entidad articulará la labor de los servicios de inteligencia militar, la Policía Nacional, los fiscales y las dependencias judiciales bajo la coordinación operativa de un oficial castrense designado por las autoridades.
Endurecimiento penitenciario y aislamiento de cabecillas
El paquete de resoluciones incluye reformas inmediatas para restringir al máximo las comunicaciones en los establecimientos carcelarios de la nación centroamericana. La iniciativa que remitirá el Legislativo persigue aislar a los mandos medios y líderes criminales para anular las órdenes extorsivas cursadas desde el interior de los penales.
La reforma habilitará además la reclusión en módulos de máxima seguridad para imputados vinculados a estas agrupaciones, incluso durante la fase de prisión preventiva sin fallo definitivo. Con esta pauta, los operadores penitenciarios intentarán cortar los nexos logísticos entre los reclusorios y las células activas en las calles.
El plan contempla dotar a los recintos carcelarios de tecnología avanzada de vigilancia, controles biométricos y bloqueos de señales electrónicas para garantizar que los internos de alta peligrosidad permanezcan incomunicados durante todo su procesamiento judicial.
Despliegue táctico sin suspensión de garantías constitucionales
A diferencia de las políticas aplicadas entre diciembre de 2022 y comienzos de 2026, el abordaje contra grupos clasificados como terroristas en Honduras prescindirá de momento de la suspensión de garantías constitucionales. Las autoridades enfatizaron que el marco legal actualizado otorga suficientes instrumentos sin necesidad de reiterar un régimen de excepción territorial.
El plan de seguridad ordenó el refuerzo presupuestario de la Policía Militar de Orden Público y de destacamentos tácticos policiales como TIGRES, Cobras y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas. El Consejo autorizó gestiones para la adquisición urgente de chalecos antibalas, armamento adecuado, unidades de transporte terrestre y aeronaves no tripuladas para patrullajes preventivos.
Datos clave
- Decisión oficial: El Consejo de Defensa declaró a tres organizaciones delictivas bajo la categoría penal de terroristas, manteniendo sus nombres en reserva por razones de seguridad.
- Marco normativo: Las medidas se fundamentan en el Decreto 84-2026, que reformó el Código Penal para abarcar a maras, redes de narcotráfico y estructuras con control territorial.
- Control carcelario: Se tramitará una ley para aislar las comunicaciones en prisiones y recluir en pabellones de máxima seguridad a procesados sin condena firme.
- Estrategia institucional: Se descartó el estado de excepción y se constituyó la Agencia Nacional contra el Crimen junto a un circuito judicial blindado.
