La sesión del Senado de este miércoles pondrá a debate en Asunción una cargada agenda de 19 puntos que abarca desde regulaciones financieras estatales hasta controles académicos. La convocatoria ordinaria reunirá a los legisladores desde las 9:00 para definir posturas sobre temas de alto impacto administrativo y judicial.
El plenario de la Cámara Alta concentrará su atención en iniciativas que buscan frenar privilegios económicos en cargos públicos, contener la proliferación de centros universitarios y endurecer los castigos a hechos punibles en el campo paraguayo.
Conflicto por las asignaciones extras en cargos públicos
Uno de los puntos más polémicos corresponde a la normativa promovida por el titular del Congreso, Basilio Núñez, orientada a prohibir que las máximas autoridades estatales perciban adicionales salariales durante el ejercicio fiscal 2026. La medida busca impedir que quienes ocupan puestos de conducción política sumen ingresos extraordinarios a sus dietas ordinarias.
La presentación de esta iniciativa ocurrió luego de cuestionamientos ciudadanos hacia los beneficios percibidos por el propio legislador, cuyos ingresos alcanzaban 63.302.850 guaraníes mensuales. Dicha suma integraba su dieta básica de 32.606.840 guaraníes, más 9.595.060 guaraníes en gastos de representación y 21.100.950 guaraníes por responsabilidad, rubro al que renunció tras la controversia.
La Cámara de Diputados decidió rechazar esta propuesta y la remitió nuevamente a su cámara de origen. Para sostener el texto original, los senadores precisan una mayoría absoluta de 23 votos; en caso contrario, el documento corre el riesgo de ser remitido al archivo por considerarse extemporáneo.
Moratoria universitaria y control a la educación superior
El orden del día contempla igualmente el tratamiento de la denominada ley Anti-Rivas, que propone suspender por dos años la apertura de nuevas universidades e institutos superiores de carácter privado en Paraguay. El planteamiento no prevé la clausura de entidades en funcionamiento, sino una pausa temporal para revisar los sistemas de supervisión educativa.
El proyecto cobró impulso legislativo a partir del escándalo judicial en torno al exsenador Hernán Rivas, quien fue condenado por utilizar documentos públicos de contenido falso para justificar su título de abogado. La iniciativa fue suscrita por los senadores Natalicio Chase, Hernán Rivas, Lizarella Valiente y Juan Carlos Galaverna hijo.
En la misma línea educativa, se estudiará una declaración impulsada por Yolanda Paredes que pide a la Contraloría remitir al Ministerio Público los resultados de la auditoría al Consejo Nacional de Educación Superior. Esta fiscalización detectó preliminarmente que 1.711 carreras con evaluación obligatoria operan en el país sin contar con acreditación vigente.
Temas centrales en la sesión del Senado y reformas legales
Las modificaciones al artículo 163 del Código Penal sobre abigeato también forman parte del debate legislativo. La propuesta eleva las penas de tres a quince años de cárcel en casos agravados, sancionando con igual escala a los conductores y dueños de camiones transganado involucrados en el traslado ilegal de animales.
Por otro lado, el plenario evaluará un marco legal de salvaguarda para la infraestructura crítica elaborado por el senador José Oviedo. El objetivo es estructurar protocolos preventivos ante riesgos y ciberataques contra servicios esenciales del Estado.
Finalmente, la legisladora Lilian Samaniego insistirá en dos pedidos de informes al Ministerio de Salud Pública y al Instituto de Previsión Social. El requerimiento busca clarificar deudas acumuladas, acuerdos vigentes y el estado de los recursos de la seguridad social.
Datos clave
- El Senado requiere 23 votos para ratificar la prohibición de pagar bonificaciones a máximas autoridades durante 2026.
- La ley Anti-Rivas pretende congelar por un plazo de dos años la habilitación de nuevas instituciones privadas de educación superior.
- La Contraloría detectó que 1.711 carreras universitarias de evaluación obligatoria carecen de acreditación vigente ante los entes reguladores.
- Las penas por abigeato agravado podrían alcanzar hasta 15 años de penitenciaría, alcanzando también a transportistas de ganado robado.
