El debate sobre el terrorismo financiero cobró fuerza en el Congreso paraguayo tras la presentación de un proyecto que busca penalizar severamente las maniobras de desinformación económica. El diputado Alejandro Aguilera explicó en Asunción que la normativa apunta a proteger la estabilidad del sistema bancario local ante ataques orquestados.
La propuesta legislativa establece una escala de sanciones privativas de libertad según la magnitud de los hechos y la responsabilidad del autor. Con esto, las autoridades pretenden disuadir la difusión deliberada de falsedades dirigidas a desestabilizar la banca.
Las sanciones previstas contra el terrorismo financiero
El legislador puntualizó que las penas mínimas comenzarán en hasta cinco años de prisión para quienes difundan informaciones falsas sobre entidades financieras. Si las declaraciones infundadas provocan pánico o desconfianza generalizada, el castigo se incrementará notablemente.
En casos donde las expresiones generen corridas bancarias, retiros masivos de fondos o fugas de inversiones, la condena podrá ascender a ocho años de cárcel. Aguilera remarcó que las repercusiones prácticas sobre las entidades determinarán la gravedad jurídica de la conducta.
Por último, la escala máxima alcanzará los diez años de privación de libertad en situaciones consideradas especialmente graves. Este agravamiento aplicará cuando el responsable sea directivo, accionista, administrador bancario o funcionario del propio ente regulador.
Sectores involucrados y defensa del Banco Central del Paraguay
Al ser consultado sobre el origen de estas campañas de desinformación, el congresista indicó que las maniobras proceden de diversos frentes coordinados. Manifestó que existen actores políticos e intereses económicos muy fuertes que buscan alterar la tranquilidad del mercado.
Paralelamente, Aguilera rechazó de forma tajante las propuestas de otros parlamentarios que solicitaron la remoción de la cúpula del Banco Central del Paraguay. El legislador se opuso al planteamiento formulado por el diputado Benítez ante el Poder Ejecutivo.
Aguilera defendió enfáticamente la autonomía técnica de la banca matriz y argumentó que el organismo no puede someterse a intereses partidarios. Para el parlamentario, la institución debe operar con total neutralidad frente a cualquier grupo de presión política o económica.
Impacto legal y alcance de la iniciativa legislativa
La incorporación formal del concepto de terrorismo financiero al marco legal paraguayo demandará un exhaustivo análisis en comisiones asesoras de la Cámara Baja. Los proyectistas sostienen que la confianza pública representa el principal activo del esquema crediticio nacional.
El Congreso prevé convocar a especialistas del sector bancario y penalistas para evaluar los alcances técnicos del texto normativo. La meta legislativa radica en equilibrar la libertad de opinión con el resguardo contra conductas lesivas premeditadas.
Datos clave
- El proyecto plantea penas de hasta 5 años de cárcel por emitir opiniones fundamentadas en falsedades contra entidades bancarias.
- Las condenas subirán a 8 años si los dichos provocan corridas bancarias o retiros masivos de inversiones.
- El castigo máximo llegará a 10 años de encierro cuando los infractores sean accionistas, directivos bancarios o funcionarios del BCP.
- El legislador Alejandro Aguilera defendió la autonomía del Banco Central y rechazó pedidos de destitución de sus autoridades.
