La senadora Zenaida Delgado pretendía asumir el compromiso financiero de cancelar tres préstamos bancarios pertenecientes a funcionarias del Congreso Nacional en un intento por solucionar el conflicto desatado por supuestos cobros indebidos. El plan formaba parte de una propuesta de finiquito recíproco redactada para dar por terminadas las disputas mediáticas entre las partes involucradas en la sede legislativa en Asunción.
El planteamiento legal buscaba la firma de un denominado Acuerdo de Cierre de Controversias y Finiquito Recíproco junto a un acta de compromiso crediticio. Entre los eventuales firmantes figuraban la legisladora, su expareja Gustavo Vera y las funcionarias parlamentarias Leonarda Vera Santander, Lorena Gauto y Lidia González.
El alcance del acuerdo propuesto por la senadora Zenaida Delgado
El documento redactado pretendía zanjar las diferencias personales y mediáticas surgidas tras las acusaciones sobre presuntas exigencias de dinero vinculadas a la asignación o conservación de cargos en el ámbito parlamentario. La propuesta establecía que las partes acordaban no condicionar futuras obligaciones a testimonios o decisiones administrativas en la cámara alta.
Asimismo, la cláusula quinta del texto dejaba constancia explícita de que la firma del documento privado no extinguía ningún proceso penal ni administrativo existente. La senadora Zenaida Delgado no admitía responsabilidad penal con este instrumento, el cual tampoco declaraba falsas las denuncias formuladas ante las autoridades competentes.
Detalle de las obligaciones financieras y préstamos comprometidos
El proyecto de arreglo incluía un acta crediticia específica mediante la cual la legisladora asumía la responsabilidad de saldar tres deudas bancarias. El primer compromiso correspondía a una operación del Banco Nacional de Fomento otorgada a nombre de la funcionaria Leonarda Vera Santander por un monto total superior a los 38 millones de guaraníes.
La segunda obligación crediticia estaba radicada en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, también a nombre de Vera Santander, con un saldo superior a los 20 millones de guaraníes. En este crédito en particular, la senadora Zenaida Delgado ya figuraba oficialmente como codeudora en los registros de la institución parlamentaria.
Finalmente, el tercer compromiso financiero correspondía a un préstamo de la misma caja legislativa asignado a Lorena Elizabeth Gauto Domínguez por un valor cercano a los 11 millones y medio de guaraníes. En este último expediente bancario la persona registrada como obligada subsidiaria era Sergia Encina Vera.
La postura de la defensa sobre los documentos difundidos
El abogado Óscar Tuma, representante legal en la causa, aclaró públicamente que la existencia de este borrador no constituye una admisión de culpabilidad respecto a los señalamientos de cobro de peajes. El profesional sostuvo que asumir deudas vigentes no demuestra que la legisladora haya recibido valores monetarios como contraprestación por nombramientos.
El profesional del derecho enfatizó que la vinculación crediticia previa en una de las deudas justificaba la intención de regularizar la situación financiera. El Ministerio Público y los órganos de control del Congreso mantienen abiertas las investigaciones para determinar si existieron irregularidades punibles en la gestión de los puestos de trabajo.
Datos clave
- Acuerdo privado: El borrador pretendía poner fin a los enfrentamientos públicos entre la senadora y funcionarias del Congreso sin anular las indagatorias fiscales.
- Tres préstamos: El acta obligaba a cubrir deudas en el Banco Nacional de Fomento y en la Caja de Jubilaciones del Poder Legislativo.
- Codeudora registrada: La senadora figuraba de antemano como garante en uno de los créditos parlamentarios analizados en el documento.
- Postura de la defensa: La representación jurídica sostiene que el compromiso crediticio no representa un reconocimiento de cobros indebidos por cargos.
