Las presuntas irregularidades en el IPS volvieron al centro de la discusión pública tras la comparecencia del titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, ante la comisión legislativa encargada de investigar la administración previsional. El funcionario ratificó que las auditorías culminadas ya fueron derivadas con indicios de hechos punibles al Ministerio Público. La indagación comprende los periodos encabezados por Andrés Gubetich y Vicente Bataglia en el ente estatal.
El órgano superior de control financiero acudió a una tercera convocatoria técnica para ampliar los informes originalmente presentados en agosto. Según la institución, el trabajo documentado incluye evaluaciones financieras, de cumplimiento y operativas sobre los recursos de los asegurados y jubilados.
Esquema de compras por amparos judiciales
Entre los puntos más llamativos expuestos por el contralor resalta el empleo de un artilugio jurídico para eludir licitaciones abiertas. Benítez explicó que la previsional cuenta con el rubro presupuestario 915, reservado formalmente al cumplimiento de sentencias y mandatos judiciales para casos de salud urgentes.
De acuerdo con la exposición, las administraciones cuestionadas habrían suscrito acuerdos directos con empresas proveedoras que posteriormente eran homologados en los tribunales. Esa homologación se computaba internamente como una orden judicial, mecanismo que habría movilizado más de 20 millones de dólares sin someterse a la competencia pública de precios ni a las reglas ordinarias de contratación.
Discrepancias en fármacos y software
El análisis técnico descubrió un desfase de 623.000 millones de guaraníes entre el sistema de información hospitalaria y los registros contables informáticos del ente. Este monto, equivalente a más de 100 millones de dólares al cambio actual, evidencia un severo descontrol en el inventario y destino de los medicamentos.
A este panorama se sumó la inversión de unos 40 millones de dólares en plataformas de informática que resultaron inoperativas o desactualizadas. Benítez remarcó que resulta inadmisible carecer de trazabilidad en insumos médicos sensibles, considerando el volumen de fondos destinados a la modernización tecnológica del Instituto.
Fondo jubilatorio y recursos de control
Las denunciadas irregularidades en el IPS inciden también en la estabilidad a mediano plazo de la caja de jubilaciones. El contralor advirtió que los ingresos corrientes de la previsional resultan insuficientes para cubrir el pago a los beneficiarios, lo que obliga a recurrir a los intereses generados por las reservas financieras.
Asimismo, el titular del ente auditor reclamó una asignación presupuestaria adecuada para la Contraloría General de la República. Subrayó que los equipos técnicos sostienen una alta carga de trabajo aun con limitaciones económicas estructurales, cumpliendo su labor constitucional de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Datos clave
- Monto objetado en medicamentos: La Contraloría detectó un descalce de 623.000 millones de guaraníes entre los registros hospitalarios e informáticos del ente previsional.
- Mecanismo con acuerdos judiciales: Se habrían pagado más de 20 millones de dólares mediante contratos directos homologados ante jueces sin proceso licitatorio.
- Gasto en tecnología fallida: La auditoría reportó erogaciones cercanas a 40 millones de dólares en sistemas que no garantizaron el control ni la trazabilidad de los insumos.
- Uso de reservas para haberes: Los ingresos operativos no bastan para sostener el régimen jubilatorio, forzando la utilización de los rendimientos de las reservas financieras.
