La senadora Zenaida Delgado suscribió un acta notarial en la que asumió el compromiso de cancelar tres créditos que suman más de 70 millones de guaraníes pertenecientes a dos empleadas del Congreso Nacional. Estas trabajadoras habían presentado acusaciones formales contra la legisladora por supuestos cobros indebidos a cambio de gestionar sus respectivos nombramientos en la sede parlamentaria.
El ofrecimiento formalizado en la ciudad de Asunción busca saldar las deudas financieras de las denunciantes, aunque el planteamiento todavía no cuenta con la aceptación formal de las partes afectadas.
Detalles de los compromisos crediticios y la oferta de pago
El documento suscrito por la senadora Zenaida Delgado el 29 de octubre de 2026 estipula que cubrirá con fondos personales el capital, los intereses, el IVA y demás gastos administrativos de las deudas contraídas. El monto total identificado en el acuerdo asciende exactamente a 70.110.917 guaraníes distribuidos en tres operaciones crediticias diferentes.
La primera obligación corresponde a Leonarda Vera Santander, quien mantiene un préstamo con el Banco Nacional de Fomento por un total de 38.343.175 guaraníes. A esa cuenta se adiciona un segundo crédito contraído por la misma funcionaria con el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo por 20.269.937 guaraníes, donde la propia legisladora figuraba previamente en calidad de codeudora solidaria.
Por último, el tercer compromiso financiero involucra a Lorena Elizabeth Gauto Domínguez y alcanza 11.497.805 guaraníes, también gestionado ante la caja jubilatoria parlamentaria. En el escrito legal se aclara que la parlamentaria abonará las cuotas de manera íntegra hasta la liquidación final, sin que esto releve a las trabajadoras como deudoras titulares frente a las entidades.
El trasfondo del conflicto y las acusaciones por supuestos cobros
Este acuerdo económico surge tras las declaraciones de ambas dependientes legislativas, quienes denunciaron haber sido víctimas de presuntos aprietes monetarios. Conforme a sus manifestaciones, una de las empleadas afirmó haber entregado 50 millones de guaraníes y la otra 15 millones de guaraníes a cambio de acceder a cargos estables en el Congreso.
De manera paralela a la asunción de deudas, se redactó un documento de finiquito y cierre de controversias personales con intervención de otros involucrados identificados como Lidia González y Gustavo Vera. El instrumento tiene como propósito desactivar eventuales demandas patrimoniales en el fuero civil y querellas privadas por acusaciones públicas mutuas.
Sin embargo, la validez práctica de este entendimiento depende todavía de la postura que asuman las dos trabajadoras. Hasta el momento, las recurrentes no han prestado su conformidad formal para validar la propuesta de cancelación de préstamos que busca implementar la senadora Zenaida Delgado.
Alcance legal y la continuidad de las investigaciones fiscales
El acta redactada establece límites procesales expresos sobre el conflicto. La formalización del documento no supone un reconocimiento de culpa ni califica de falsos los testimonios previamente arrimados ante la opinión pública e instancias judiciales.
Las cláusulas suscritas advierten de forma taxativa que este acuerdo particular no extingue ni interrumpe las investigaciones abiertas por el Ministerio Público ni los procedimientos disciplinarios o políticos de carácter parlamentario. Las firmantes conservan de manera íntegra su potestad de declarar con veracidad, arrimar documentos probatorios y colaborar con las instituciones de control del Estado paraguayo.
En el Congreso Nacional, la senadora Zenaida Delgado afronta cuestionamientos políticos por su conducta. Esta situación mantiene en debate su permanencia y la posibilidad de que el plenario legislativo analice los hechos en el marco de sus atribuciones constitucionales.
Datos clave
- Monto total comprometido: La senadora asumió la carga de tres préstamos personales que alcanzan los G. 70.110.917 ante entidades financieras.
- Origen del conflicto: Dos dependientes del Congreso denunciaron que debieron entregar G. 50 millones y G. 15 millones para lograr sus nombramientos.
- Falta de aval: El acuerdo de asunción de deuda todavía no cuenta con la ratificación de las funcionarias afectadas.
- Efectos jurídicos: El documento privado no interrumpe ni anula las pesquisas que lleva adelante el Ministerio Público.
