El caso Zenaida Delgado continúa su trámite judicial y parlamentario pese al documento suscrito entre las partes involucradas, según confirmó su representante legal Oscar Tuma. El profesional del derecho aclaró que el pacto firmado con denunciantes y su expareja únicamente pretendió frenar la difusión de aspectos íntimos y sentimentales. Con esta postura, la defensa remarcó que las pesquisas oficiales sobre supuestas irregularidades administrativas siguen plenamente vigentes.
Durante declaraciones brindadas a medios radiales, el letrado sostuvo que el compromiso no entorpece las tareas de la Fiscalía ni las deliberaciones políticas dentro del Congreso Nacional. Las tres funcionarias que acusaron a la parlamentaria mantienen sus afirmaciones relativas a supuestos cobros indebidos para gestionar puestos laborales y ascensos estatales. Asimismo, la defensa puntualizó que el entendimiento extrajudicial no contempló desembolso económico alguno ni la renuncia a futuras acciones legales.
Alcance del acuerdo sobre cuestiones privadas
El abogado Oscar Tuma insistió en que el documento rubricado tuvo como propósito exclusivo resguardar la privacidad de las personas involucradas en el conflicto. La intención fue apartar del debate público los pormenores sentimentales, tales como rupturas o desavenencias de pareja, que no guardan relación con el fondo de las denuncias formuladas.
En este sentido, la defensa explicó que el acuerdo no constituye una confesión de culpabilidad ni una admisión de falsedad por parte de quienes suscribieron el texto. Todos los temas que involucren el manejo de recursos públicos o potestades oficiales permanecen sujetos al control de las instituciones pertinentes del Estado paraguayo.
El proceso en el caso Zenaida Delgado y el pedido de expulsión
Dentro de la Cámara Alta, el debate sobre una eventual sanción política permanece abierto entre las diferentes bancadas. El caso Zenaida Delgado cobró relevancia luego de que emergieran acusaciones sobre supuestos pagos exigidos a colaboradoras para conservar cargos públicos. Paralelamente, la legisladora había denunciado en instancias judiciales a su expareja por presuntos episodios de violencia familiar.
Frente al escenario legislativo, Tuma reconoció que la pérdida de investidura suele responder a correlaciones de fuerzas partidarias más que a debates meramente jurídicos. A pesar de esa lectura, el profesional adelantó que acompañará a la senadora a cada comparecencia institucional para exponer los descargos correspondientes y responder a los cuestionamientos de sus colegas.
La postura jurídica frente a la pérdida de investidura
La Constitución Nacional de Paraguay contempla en su artículo 201 las causales de cesación del mandato legislativo, entre las que figura el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. Bajo este marco, Tuma argumentó que no existe actualmente una imputación formal del Ministerio Público contra la legisladora y cuestionó la solidez de las evidencias presentadas en la esfera parlamentaria.
El abogado enfatizó que la remoción de una banca requiere pruebas concluyentes y no meras presunciones. Según expuso, la acción inicial en el Parlamento fue impulsada por autoridades de la mesa directiva y no por una denuncia directa de las funcionarias afectadas ante la sede legislativa. Por ello, la defensa sostiene que no se configuraron los requisitos jurídicos para aplicar una destitución inmediata.
Datos clave
- Protección de la intimidad: El acuerdo suscrito solo abarca detalles sentimentales y de la vida privada de los firmantes.
- Continuidad de las pesquisas: Las denuncias por presunto cobro de dinero a cambio de cargos públicos permanecen vigentes.
- Sin erogación monetaria: La defensa aclaró que el pacto no involucró ningún tipo de compensación económica entre las partes.
- Escenario parlamentario: La Cámara de Senadores evalúa si avanza o no el procedimiento de pérdida de investidura contra la legisladora.
