Una investigación fiscal indaga a la senadora Zenaida Delgado tras denuncias presentadas por funcionarias del Congreso Nacional sobre presuntos cobros irregulares para asegurar nombramientos y estabilidad laboral en la institución legislativa. El caso destapó serios cuestionamientos en Asunción acerca del manejo de los recursos humanos públicos y la persistencia de prácticas clientelares dentro de la sede parlamentaria.
El Ministerio Público abrió una causa penal para esclarecer la veracidad de los testimonios que apuntan a retenciones indebidas de haberes. De acuerdo con las presentaciones formales, se habrían solicitado sumas de dinero o porcentajes de los salarios estatales a cambio de gestionar o mantener contratos en el recinto legislativo.
Las denuncias contra la senadora Zenaida Delgado y el esquema señalado
El expediente analiza mensajes, comprobantes de transferencias bancarias y testimonios de las afectadas, quienes sostienen que existía una presión constante para ceder parte de sus remuneraciones oficiales. Estas conductas denunciadas podrían acarrear responsabilidades penales de comprobarse la existencia de delitos contra el patrimonio o la función pública.
Frente a la gravedad de los hechos denunciados, diversos sectores exigen medidas urgentes que garanticen la protección de los testigos y denunciantes en el ámbito estatal. Las acusaciones no solo comprometen la conducta individual de los involucrados, sino que también socavan la credibilidad de toda la representación parlamentaria.
La normativa legal sobre el empleo en el Poder Legislativo
La discusión de fondo reactiva el debate sobre el alcance de la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil. Esta norma define con claridad que el personal del Poder Legislativo está plenamente sometido a los principios de idoneidad, transparencia y acceso por concurso de méritos.
Si bien la ley exceptúa a los parlamentarios de ciertas reglas específicas por tratarse de autoridades electas, no los habilita a disponer arbitrariamente de los cargos públicos. Los puestos de confianza deben responder a labores técnicas justificadas y no pueden ser transformados en mecanismos de recaudación partidaria ni en cuotas individuales de poder.
Las vacancias permanentes pertenecen a la estructura presupuestaria del Estado y no al patrimonio privado de quien ocupe una banca legislativa. Por esta razón, el recambio de autoridades no debería significar la manipulación discrecional de la nómina de trabajadores que sostienen el funcionamiento de las cámaras.
La urgencia de auditorías internas y transparencia institucional
El escándalo que salpica a la senadora Zenaida Delgado obliga a las autoridades del Senado a transparentar de inmediato la distribución de cupos y las asignaciones presupuestarias. Diversos legisladores señalaron que se requiere una auditoría general sobre las contrataciones vigentes para evitar privilegios o blindajes corporativos.
El uso indebido de los recursos aportados por los contribuyentes deteriora la confianza ciudadana y degrada la calidad de los servicios estatales. El Congreso tiene la misión constitucional de sancionar las leyes y, en consecuencia, debe ser el primer órgano en respetar las disposiciones vigentes sin tolerar actos de corrupción interna.
Datos clave
- Causa penal abierta: La Fiscalía investiga presuntas exigencias económicas a trabajadoras para asegurar puestos legislativos.
- Marco normativo: La Ley N.º 7445/2025 del Servicio Civil prohíbe la designación discrecional y el cobro de aportes obligatorios en el Estado.
- Elementos periciales: El proceso judicial evalúa registros de transferencias de dinero y mensajes entre las partes involucradas.
- Exigencia institucional: Parlamentarios piden revisar la plantilla de personal y auditar los nombramientos en el Congreso.
