La regulación sobre los cargos de confianza en el Congreso Nacional volvió al centro del debate político tras los recientes escándalos que involucran a legisladores en presuntas irregularidades. Diferentes bancadas reclaman frenar las contrataciones discrecionales y revisar la distribución de colaboradores en cada despacho parlamentario. La discusión reaparece en Asunción en medio de procesos por presunto nepotismo y sospechas de cobros a trabajadores contratados.
El caso que reactivó la controversia involucra a la senadora Zenaida Delgado, quien enfrenta cuestionamientos por supuestas exigencias económicas a funcionarios a cambio de su nombramiento o mejoras en sus ingresos. La situación abrió el debate sobre cómo se otorgan las designaciones institucionales. Varios legisladores señalan que el problema excede a casos individuales y desnuda una debilidad histórica en el control del personal legislativo.
Disparidad en las oficinas y denuncias de discrecionalidad
Las denuncias dejaron al descubierto las notorias diferencias en el tamaño de los equipos de trabajo dentro del Parlamento. Mientras algunos despachos parlamentarios afirman operar con apenas tres o cuatro personas, otros cuentan con estructuras que superan los quince funcionarios asignados.
El senador Eduardo Nakayama advirtió que la asignación de colaboradores suele responder a criterios políticos antes que a necesidades reales de asistencia técnica. Según expuso el parlamentario, las autoridades administrativas manejan recursos institucionales bajo lógicas de premios y castigos, permitiendo que ciertos sectores tengan entre 18 y 20 empleados a su disposición.
Nakayama remarcó que su oficina opera con un asesor y tres dependientes, con el acuerdo expreso de que cesarán en sus funciones al terminar el periodo constitucional. El legislador calculó de forma hipotética que si la totalidad de los parlamentarios contratara diez personas cada cinco años, el ingreso superaría los mil trabajadores en cada legislatura.
La regulación de los cargos de confianza en la legislación
A nivel normativo, Paraguay dispone del marco que fija la Ley N.º 7.445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. Este texto legal contempla pautas concretas para el reclutamiento, la permanencia y el cese de funcionarios en el aparato estatal.
La legislación vigente establece que ciertas autoridades con funciones políticas directas pueden contar con hasta tres asesores contratados de forma directa, siempre que reúnan solvencia técnica y experiencia comprobada. Asimismo, la norma define con precisión la naturaleza temporal de estos puestos.
Uno de los puntos centrales del ordenamiento jurídico determina el cese automático en los cargos de confianza cuando la autoridad a la que prestan apoyo culmina su mandato. Esta disposición busca impedir que una vinculación personal o política se convierta en una designación indefinida dentro de la nómina pública, diferenciando a los colaboradores transitorios de los trabajadores que integran la carrera civil permanente.
Propuestas para crear una carrera parlamentaria
Los intentos por ordenar el ingreso de colaboradores no son recientes dentro del Poder Legislativo. En diciembre de 2023, el senador Ever Villalba impulsó la idea de fijar cupos máximos de tres a cinco colaboradores por parlamentario, con la condición innegociable de culminar su contrato al vencer el mandato del legislador.
Más adelante, en febrero de 2024, un grupo de congresistas presentó una propuesta integral de 51 artículos para instaurar la carrera del funcionario legislativo. El documento contemplaba mecanismos obligatorios de concurso público, evaluación continua del desempeño y escalafones de ascensos para separar al plantel administrativo estable de los cargos de confianza asignados a los despachos.
La falta de tratamiento definitivo de estas iniciativas mantiene abierta la discusión sobre el gasto legislativo. Diversos sectores insisten en que, sin reglamentaciones claras y controles rigurosos sobre las contrataciones, los despachos continuarán expuestos a manejos poco transparentes.
Datos clave
- Marco legal: La Ley N.º 7.445/2025 prevé el cese automático del personal de confianza al término del mandato de la autoridad contratante.
- Brecha en despachos: Legisladores denuncian que algunas oficinas cuentan con hasta 20 funcionarios mientras otras trabajan con menos de cuatro.
- Proyectos previos: Existen iniciativas desde 2023 y 2024 para limitar cupos políticos e instituir formalmente la carrera administrativa parlamentaria.
- Detonante reciente: Las investigaciones y denuncias que salpican a la senadora Zenaida Delgado reactivaron la exigencia de frenar nombramientos discrecionales.
