La senadora Zenaida Delgado fue señalada por tres trabajadoras legislativas debido a presuntos cobros irregulares y presiones económicas para garantizar estabilidad laboral en Asunción. Las denunciantes aseguran que los requerimientos monetarios oscilaban desde sumas menores periódicas hasta montos cercanos a los 150 millones de guaraníes. El caso generó repercusiones inmediatas en la sede parlamentaria y reavivó cuestionamientos sobre la administración del personal estatal.
Testimonios sobre supuestos pagos exigidos
De acuerdo con los relatos compartidos por las afectadas, el presunto mecanismo incluía pedidos continuos de efectivo que iban desde 200.000 guaraníes hasta un millón de la moneda local. Una de las colaboradoras sostuvo que debió recurrir a créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento para cubrir esas demandas. Las funcionarias indicaron que la permanencia en el Congreso Nacional dependía supuestamente del cumplimiento estricto de dichos desembolsos.
Asimismo, trascendió que una de las afectadas habría entregado transferencias iniciales de 30 millones de guaraníes y posteriores aportes complementarios de 20 millones. Las trabajadoras manifestaron que disponen de comprobantes bancarios y registros de mensajería para respaldar sus aseveraciones ante eventuales indagaciones. La falta de cumplimiento financiero habría motivado la desvinculación definitiva de una de las integrantes del equipo.
Acusaciones directas hacia la senadora Zenaida Delgado
Las denunciantes expresaron su inquietud ante la posibilidad de que el caso quede sin sanciones disciplinarias o penales dentro del ámbito político. Una de las trabajadoras manifestó públicamente su temor de que otros legisladores opten por respaldar a la senadora Zenaida Delgado para frenar una posible investigación en el Senado. Por esta razón, solicitaron garantías de imparcialidad a fin de que los hechos reciban un tratamiento judicial riguroso.
En el marco normativo paraguayo, cualquier exigencia indebida de dinero por parte de una autoridad pública a sus subordinados puede configurar figuras penalmente sancionables. El Ministerio Público y las comisiones correspondientes de la Cámara Alta tendrían que determinar si corresponde la apertura de un sumario administrativo o una causa penal. Hasta el momento, rige el principio de presunción de inocencia para la parlamentaria mientras no se presenten dictámenes judiciales definitivos.
Procedimientos institucionales en el Congreso Nacional
La Cámara de Senadores de Paraguay posee mecanismos internos para evaluar la conducta de sus integrantes ante faltas graves o denuncias penales. Los procesos de sanción ética requieren trámites rigurosos sustentados en evidencias formales y dictámenes de comisiones asesoras. Los señalamientos contra la senadora Zenaida Delgado exponen una vez más la necesidad de transparentar los contratos del funcionariado público.
Diversos sectores ciudadanos reclaman con frecuencia que las contrataciones legislativas se realicen exclusivamente a través de concursos públicos de oposición. Las denuncias de pagos indebidos para acceder a nombramientos permanentes ponen en tela de juicio los filtros de control administrativo del Poder Legislativo. Los próximos días serán decisivos para conocer si las bancadas parlamentarias impulsan medidas oficiales de esclarecimiento.
Datos clave
- Denuncias formales: Tres trabajadoras acusaron presuntas exigencias económicas de hasta G. 150 millones para conservar cargos o lograr nombramientos permanentes.
- Evidencias aportadas: Las funcionarias afirman poseer comprobantes de préstamos bancarios, transferencias y mensajes que sustentan sus testimonios ante la opinión pública.
- Situación laboral: Una de las denunciantes asegura haber sido apartada de su puesto tras rechazar continuar con las entregas de dinero solicitadas.
- Marco legal: Los hechos denunciados configuran posibles delitos que deberán ser verificados por la Fiscalía y evaluados institucionalmente por el Senado.
