El debate sobre la aplicación de sanciones a Nicaragua sumó un nuevo capítulo en el ámbito diplomático europeo tras un pedido formal de medidas restrictivas. La Fundación para la Libertad de Nicaragua solicitó a las autoridades de Alemania y al Consejo de la Unión Europea que endurezcan las medidas dirigidas a integrantes del oficialismo nicaragüense. El planteamiento apunta a personas señaladas por informes de la Organización de las Naciones Unidas como responsables de atropellos a las libertades públicas.
La petición fue expuesta en Berlín por el director ejecutivo de la organización civil, Jonathan Duarte, durante su intervención en la Berlin Freedom Conference. El vocero señaló directamente al diplomático Valdrack Jaentschke, quien acudió a Madrid para representar a Managua en la XXX Cumbre Iberoamericana. Duarte remarcó que los gobiernos comunitarios deben actuar en sintonía con las advertencias elaboradas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU.
El reclamo de nuevas sanciones a Nicaragua
El dirigente formó parte de un panel titulado Desplazar la cúpula en Venezuela, Cuba y Nicaragua, convocado por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En dicho espacio compartió escenario con la defensora de derechos humanos cubana Rosa María Payá y el dirigente Pedro Urruchurtu. Durante el intercambio se analizó la necesidad de que los países democráticos utilicen sus herramientas diplomáticas para respaldar a las poblaciones sometidas a gobiernos autoritarios.
Además de solicitar la ampliación de sanciones a Nicaragua, la organización pidió a Berlín que impulse una revisión formal del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América Central. Esta herramienta comercial y de cooperación incluye cláusulas democráticas vinculantes que exigen el respeto irrestricto de las libertades fundamentales y del Estado de derecho, las cuales se encontrarían vulneradas según los reportes internacionales.
El deterioro de las libertades y la sociedad civil
La entidad denunciante expuso un balance crítico sobre los acontecimientos ocurridos en la nación centroamericana tras las manifestaciones de 2018. Según las estimaciones presentadas por la organización, cerca del diez por ciento de la población abandonó el territorio nacional en los últimos años, con una alta concentración en jóvenes menores de 35 años. La salida masiva responde al hostigamiento constante y a la falta de garantías jurídicas básicas.
El impacto institucional también afectó de manera severa al tejido cívico y religioso del país. La fundación detalló la clausura de más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, lo que representa cerca del 80 por ciento de las entidades civiles activas antes del conflicto. A esto se suma el cierre o expropiación de 28 universidades y más de 870 agresiones contra templos y miembros de la Iglesia católica, incluyendo deportaciones de obispos.
Alcance de las restricciones internacionales actuales
Las denuncias de la sociedad civil coinciden con los informes de la ONU, que registraron el despojo de la nacionalidad a 452 personas entre 2023 y 2024. Los expertos documentaron además el uso de fondos públicos para vigilar y hostigar a opositores, el decomiso de propiedades y la negativa estatal a otorgar o renovar pasaportes a nicaragüenses exiliados.
Frente a este escenario, la Unión Europea mantiene vigentes sanciones a Nicaragua dirigidas de forma nominal a 21 individuos y tres entidades estatales, implicando inmovilización de bienes y prohibiciones de ingreso. Paralelamente, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá conservan restricciones financieras y cancelaciones de visados sobre figuras gubernamentales, mientras los activistas insisten en coordinar estas medidas para presionar por reformas democráticas.
Datos clave
- El pedido en Europa: La Fundación para la Libertad de Nicaragua exigió a Alemania y la Unión Europea sumar a más funcionarios del régimen a las listas de sanciones.
- Cláusula democrática: Solicitaron revisar el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica por violaciones a los derechos fundamentales.
- Éxodo y clausuras: La organización denunció la salida del 10% de la población desde 2018 y la cancelación forzada de más de 5.600 organizaciones sociales.
