El pleno de la Cámara de Senadores ratificó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados y sancionó el proyecto de ley "Que establece la restitución de los pagarés con la extinción de la obligación y dispone un régimen sancionador". Tras nueve meses de trámite legislativo, la propuesta pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto por parte del presidente Santiago Peña.
La iniciativa busca frenar los abusos cometidos contra deudores que, a pesar de haber cancelado sus compromisos financieros, no logran recuperar sus documentos de crédito, quedando expuestos a cobros duplicados y estafas.
La "mafia de los pagarés" en Paraguay
El proyectista de la ley, el senador Derlis Osorio (ANR), enfatizó la necesidad de esta legislación para proteger a las víctimas de un esquema criminal conocido como la "mafia de los pagarés". Este esquema involucraba a empresas de cobranza, financieras y auxiliares de justicia que montaban demandas falsas y embargos irregulares utilizando pagarés ya cancelados, clonados o fabricados.
Por este caso, ya fueron procesados más de 60 de los operadores del sistema judicial e intermediarios privados, incluyendo a cuatro jueces de Paz, además de actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados privados.
Modificaciones y recortes al proyecto original
A pesar de la sanción, el texto final sufrió importantes modificaciones en la Cámara de Diputados que debilitaron la propuesta original del Senado:
- Eliminación del plazo de devolución: Se suprimió el plazo máximo de cinco días hábiles que el Senado había fijado para la devolución obligatoria del pagaré una vez cancelada la deuda.
- Eliminación del juicio sumario: Se eliminó el artículo 8º, que facultaba al deudor afectado a promover un juicio sumario de acreditación de pago y devolución de título bajo las reglas del Código Procesal Civil.
Sanciones vigentes
El documento sancionado mantiene una multa administrativa equivalente al 20% del monto de la obligación para los acreedores que retengan indebidamente los títulos de crédito. Esta sanción será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia de la persona afectada y tras el correspondiente proceso administrativo.
