Los robos de carga dejaron de ser incidentes aislados en Costa Rica y pasaron a formar parte de un esquema de crimen organizado transnacional. De acuerdo con informes judiciales y reportes especializados, grupos delictivos utilizan contenedores capturados no solo para vender mercaderías en el mercado negro, sino también para contaminar envíos legítimos con cargamentos de drogas con destino internacional.
En lo que va de los últimos dos años, las cifras reflejan una frecuencia constante de asaltos en las principales rutas comerciales. Durante 2025 se denunció la sustracción de al menos 156 cargamentos en el territorio costarricense, lo que representó una media cercana a tres camiones interceptados semanalmente. Hasta mediados de 2026, las autoridades policiales computaron otros 71 casos con patrones similares.
Filtración aduanera y vigilancia tecnológica previa
El funcionamiento de esta actividad clandestina comienza con la recopilación sistemática de datos confidenciales sobre las mercaderías en tránsito. Las investigaciones determinaron que miembros de estas redes acceden de manera irregular al sistema en línea Tecnología de Información para el Control Aduanero, conocido como TICA. Mediante esta plataforma, los atacantes logran conocer el contenido exacto de los contenedores únicamente ingresando el número de matrícula del vehículo pesado o el código del furgón.
Asimismo, las sospechas oficiales apuntan a filtraciones en la Declaración Única Centroamericana, el registro aduanero regional reservado en teoría para choferes, transportistas y funcionarios acreditados. La obtención de estos registros permite a los grupos delictivos seleccionar objetivos de alto valor comercial antes de ejecutar las emboscadas en ruta abierta.
Violencia armada en los principales corredores viales
La ejecución de los asaltos se concentra mayormente en dos vías estratégicas que atraviesan la nación centroamericana. Uno de los trayectos abarca más de 500 kilómetros desde la frontera sur con Panamá hasta el paso fronterizo de Peñas Blancas con Nicaragua, utilizado habitualmente por el transporte internacional. La segunda ruta conecta la costa caribeña en Limón con el puerto de Caldera sobre el océano Pacífico, cubriendo el movimiento de mercaderías para exportación.
Durante los ataques, los delincuentes acorralan los rodados con varios automóviles o aprovechan sitios de baja velocidad, como puentes angostos y semáforos. En diversos episodios, los integrantes de las bandas emplearon indumentaria policial falsa para obligar a detenerse a los conductores y usaron inhibidores de frecuencia para desactivar los rastreadores satelitales. Tras encañonar y reducir a los choferes, conductores experimentados al servicio del grupo trasladan los camiones hacia galpones clandestinos.
Redes de reventa y medidas adoptadas por el Estado
Una vez ocultos los contenedores, la mercadería robada ingresa a un circuito de comercialización informal a través de intermediarios que abastecen a pequeños comercios locales. Los productos son comercializados al público final por una fracción de su valor de mercado, lo que genera considerables perjuicios fiscales y comerciales a nivel centroamericano.
Ante este fenómeno, el Organismo de Investigación Judicial desplegó masivos allanamientos para desarticular estructuras logísticas en diversas provincias. Por su parte, el ámbito legislativo aprobó normativas orientadas a elevar las penas de reclusión para quienes adquieran o almacenen cargamentos ilícitos. Las cámaras empresariales del comercio exterior continúan demandando un trabajo coordinado de inteligencia y mayor custodia policial en los corredores viales más transitados.
Datos clave
- Impacto y narcotráfico: Las autoridades detectaron que bandas criminales utilizan furgones robados para introducir sustancias ilícitas dentro de exportaciones legales.
- Corredores afectados: La mayoría de los asaltos ocurre en la ruta internacional fronteriza entre Panamá y Nicaragua y en el trayecto interoceánico entre Limón y Caldera.
- Acceso a registros: Los asaltantes vulneran plataformas aduaneras para identificar con anticipación el valor y tipo de carga transportada.
- Intervención judicial: El Organismo de Investigación Judicial y el Parlamento endurecieron sanciones y realizaron decenas de operativos para frenar las pérdidas millonarias.
