Una serie de incidentes catalogados como presunta represión policial en Asunción derivó en fuertes cuestionamientos hacia las autoridades de seguridad pública tras registrarse agresiones contra ciudadanos en el microcentro de la capital. La controversia cobró fuerza luego de que circularan videos que muestran al comisario principal Gustavo David Errecarte utilizando su cachiporra para golpear a personas que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso Nacional. La movilización, protagonizada en gran medida por ahorristas afectados por la crisis de ueno bank, culminó con heridos y varias detenciones.
Incidentes frente a la sede parlamentaria
Las protestas convocadas en el centro histórico congregaron a ciudadanos que reclamaban la devolución de sus fondos y respuestas oficiales ante la situación financiera de la entidad bancaria. Durante el desarrollo de la jornada, la tensión fue en aumento hasta desembocar en empujones, golpes directos y el uso de gases lacrimógenos por parte de los uniformados.
El saldo de los disturbios incluyó personas lesionadas y siete personas aprehendidas, entre las cuales se encontraba un menor de edad. Los registros audiovisuales captados por los presentes y comunicadores expusieron el momento exacto en que Errecarte arremetía con su arma reglamentaria contra manifestantes, lo que encendió de inmediato el debate público sobre la proporcionalidad en la actuación de los efectivos.
La postura de la comandancia y el protocolo de fuerza
Frente al malestar ciudadano, el director de Policía de Asunción, comisario general Francisco Ávalos, salió en defensa del despliegue táctico implementado en la zona. La autoridad policial argumentó ante los medios de comunicación que los uniformados procedieron de acuerdo con los protocolos vigentes para el empleo de la fuerza pública cuando se intenta quebrantar las barreras de seguridad.
Ávalos manifestó que los agentes deben intervenir en circunstancias donde los manifestantes pretenden eludir los controles previamente dispuestos. Asimismo, remarcó que las fuerzas del orden no están designadas para atacar a la población, pero tampoco para tolerar agresiones físicas hacia los efectivos que custodian el perímetro legislativo.
Cuestionamientos y denuncias por represión policial en Asunción
El accionar de las fuerzas de seguridad reavivó los reclamos de legisladores y activistas civiles en torno a la reiteración de casos de represión policial en Asunción. El senador Rafael Filizzola cuestionó de forma pública que Errecarte permanezca al frente de operativos de control de masas, recordando que el jefe policial cuenta con denuncias formales en instancias correspondientes.
En septiembre de 2025, el ciudadano Óscar Nicolás Palavecino radicó una acusación formal contra el uniformado por presunta lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas, privación de libertad y hurto durante las movilizaciones de la Generación Z. A este antecedente se suma otra denuncia fechada en abril de 2025, vinculada a supuestos abusos durante un acto frente al Palacio de Justicia en homenaje a Rodrigo Quintana.
Debate sobre las garantías y el control interno
La difusión de las grabaciones reabre la discusión sobre las exigencias legales que obligan a la Policía Nacional a resguardar los derechos constitucionales de reunión y manifestación. Diversos sectores señalan que los mecanismos de Asuntos Internos deben auditar con mayor rigurosidad los excesos cometidos en la vía pública.
Las denuncias por represión policial en Asunción colocan nuevamente en el foco de atención la necesidad de revisar los límites del uso de la fuerza y evitar que agentes con investigaciones abiertas lideren procedimientos de alta sensibilidad social.
Datos clave
- El comisario Gustavo Errecarte fue filmado golpeando con su cachiporra a manifestantes cerca del Congreso Nacional.
- Siete personas fueron aprehendidas, entre ellas un menor de edad, tras los choques con la Policía.
- El jefe policial Francisco Ávalos defendió el operativo argumentando cumplimiento de protocolos de control.
- Existen denuncias previas contra Errecarte por presuntas agresiones registradas en abril y septiembre de 2025.
