El Ministerio Público avanzó en la apertura de diligencias dentro del caso Ueno Santiago Peña tras la presentación y ampliación de denuncias promovidas por legisladores nacionales. La causa penal caratulada contra el mandatario indaga la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, luego de cuestionamientos sobre el manejo de fondos estatales depositados en la entidad bancaria en crisis.
La decisión institucional quedó formalizada mediante resoluciones de la Fiscalía General del Estado, que asignó las tareas investigativas a agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Este equipo trabaja en la recolección de documentos bancarios, peritajes y testimonios para esclarecer el grado de responsabilidad de exautoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Paraguay.
La conformación del equipo fiscal y las carátulas abiertas
El fiscal general del Estado dispuso que los agentes Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster encabecen las pesquisas iniciales. Poco después, la fiscala Ruth Benítez fue integrada al equipo de trabajo para reforzar el análisis de las operaciones financieras complejas que derivaron en la crisis bancaria.
En sede fiscal se tramitan expedientes paralelos que abarcan distintas figuras penales. La Causa N° 91/2026 investiga a Federico Miguel Vázquez Villasanti por presunta estafa, mientras que la Causa N° 92/2026 indaga a Santiago Peña por lesión de confianza y otros posibles hechos punibles conexos.
El marco legal paraguayo castiga la lesión de confianza con penas de hasta cinco años de prisión, expectativa que puede alcanzar los diez años en casos calificados de especial gravedad. Por su parte, el delito de estafa contempla sanciones de hasta cinco años de pena privativa de libertad, ampliables a ocho años ante agravantes procesales.
Cuestionamientos a las advertencias y el rol del Banco Central
Los parlamentarios denunciantes sostienen que la banca matriz detectó irregularidades operativas meses antes de la intervención de la entidad. Conforme a la presentación, la Superintendencia de Bancos observó excesos en operaciones con empresas vinculadas, pero postergó medidas sancionatorias estrictas tras registrarse ventas de carteras financieras cruzadas.
De acuerdo con los documentos elevados al Ministerio Público, directivos del Banco Central del Paraguay recibieron reportes técnicos que advertían sobre problemas de solvencia patrimonial. A pesar de estas alertas internas, el sumario administrativo demoró semanas en abrirse, mientras la entidad continuaba captando recursos del público mediante promociones con elevados reintegros.
La controversia alcanzó su punto más crítico cuando la banca matriz determinó el proceso de resolución de la firma financiera. La posterior renuncia de autoridades reguladoras dejó al descubierto que los fondos institucionales que superan la cobertura básica del Fondo de Garantía de Depósitos ahora quedan sujetos al balance de exclusión de activos.
Implicancias en el caso Ueno Santiago Peña y el destino de fondos públicos
La denuncia penal detalla que diversas instituciones públicas canalizaron sumas millonarias hacia la entidad bancaria. Entre los organismos mencionados figuran el Instituto de Previsión Social, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, además del Ministerio de Economía y Finanzas, que colocaron excedentes financieros en instrumentos de ahorro del banco.
En el caso particular de la previsional, el escrito legislativo puntualiza que las exigencias y topes de calificación para depósitos fueron flexibilizados previamente por el Consejo de Administración. Esta modificación permitió que los recursos previsionales colocados en la firma privada treparan de cifras moderadas a sumas billonarias en certificados de depósito.
El escrito también recopila declaraciones juradas previas donde figuraban participaciones societarias vinculadas al entorno presidencial con firmas del conglomerado empresarial. La fiscalía deberá determinar si las decisiones de inversión estatal obedecieron a criterios técnicos legítimos o si existió connivencia para beneficiar al grupo financiero.
En paralelo a la pesquisa sobre autoridades políticas, el Juzgado Especializado en Delitos Económicos ordenó la prisión preventiva de cinco exdirectivos del banco en el Centro Nacional de Prevenidos. Al mismo tiempo, otras dos exdirectoras de la firma cumplen arresto domiciliario bajo control electrónico en el marco de las imputaciones por conducta indebida en situaciones de crisis.
Datos clave
- Causas fiscales abiertas: El Ministerio Público investiga a Santiago Peña por presunta lesión de confianza y a directivos bancarios por supuesta estafa.
- Fondos estatales expuestos: Entidades públicas como el Instituto de Previsión Social e Itaipú mantenían millonarias colocaciones de recursos en la entidad financiera intervenida.
- Marco penal aplicable: La lesión de confianza contempla penas de hasta cinco años de cárcel, con posibilidad de elevarse a diez años en situaciones de gravedad.
- Exdirectivos en reclusión: La justicia dictó prisión preventiva para cinco exmiembros del directorio bancario e impuso arresto domiciliario con tobillera a otras dos procesadas.
