La renuncia del contralor Camilo Benítez fue solicitada por el senador Líder Amarilla en el Congreso tras denunciar presuntas omisiones en la fiscalización del caso Ueno. El parlamentario liberal cuestionó la falta de advertencia sobre la peligrosa concentración de depósitos estatales en la entidad bancaria recientemente intervenida. El pedido formal se presentará ante la mesa directiva de la Cámara Alta para evaluar el desempeño de la máxima autoridad de control.
Argumentos para exigir la renuncia del contralor
El legislador del Partido Liberal Radical Auténtico sostuvo que la Contraloría General de la República no actuó con la debida oportunidad frente a las operaciones financieras del Estado. Según la denuncia, aproximadamente 4,9 billones de guaraníes de fondos públicos terminaron colocados en Ueno Bank antes de su intervención por el Banco Central del Paraguay. La autoridad monetaria resolvió la medida luego de comprobar una insuficiencia de solvencia inferior al cincuenta por ciento del mínimo legal.
Amarilla remarcó que diversas instituciones públicas adecuaron normativas internas para derivar sus recursos hacia la entidad privada sin reparos oficiales. Entre los casos más notorios citó al Instituto de Previsión Social, que destinó alrededor de 350 millones de dólares de las reservas jubilatorias. A este esquema se habrían sumado depósitos autorizados por la Administración Nacional de Electricidad y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuestionamientos al examen patrimonial del expresidente
Las críticas del senador apuntaron también al informe de correspondencia patrimonial realizado al expresidente Santiago Peña. El exmandatario, quien fue destituido mediante juicio político e imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, figuraba como accionista del grupo empresarial vinculado a la firma intervenida. En mayo de 2026, la Contraloría remitió al Ministerio Público un informe técnico que avalaba los bienes e ingresos del entonces jefe de Estado.
Para el legislador de la oposición, dicho dictamen omitió aclarar movimientos sustanciales vinculados a créditos personales y rescates accionarios dentro del conglomerado financiero. Recordó que el artículo 7 de la ley orgánica del organismo fiscalizador establece la responsabilidad personal de sus directores por negligencia o inacción. Por tal motivo, reclamó que se abra una auditoría profunda sobre la gestión del organismo contralor y el patrimonio de sus titulares.
Créditos millonarios y vivienda de verano
Entre los antecedentes expuestos resalta la financiación de una residencia de descanso atribuida a Santiago Peña en San Bernardino. La edificación requirió unos 7.700 millones de guaraníes y contó con dos préstamos simultáneos concedidos por Ueno Bank en mayo de 2024 por más de 3.500 millones. Las cuotas mensuales pactadas ascendían a 239 millones de guaraníes, monto que superaba ampliamente el salario fijado para la investidura presidencial.
El senador denunció que semejante desfase entre ingresos declarados y compromisos financieros debió generar un inmediato examen por parte de los auditores. Amarilla enfatizó que la renuncia del contralor representa el único camino ético ante el perjuicio económico generado a los recursos ciudadanos. Por ello, anticipó que promoverá en el Senado los mecanismos institucionales necesarios para impulsar la destitución del funcionario si este no dimite voluntariamente.
Datos clave
- Monto colocado: Alrededor de 850 millones de dólares de entidades públicas se concentraron en Ueno Bank antes de la intervención bancaria.
- Fondos previsionales: El Instituto de Previsión Social depositó cerca de 350 millones de dólares correspondientes al fondo de jubilaciones.
- Créditos observados: El expresidente asumió cuotas mensuales de 239 millones de guaraníes que sextuplicaban su salario oficial de mandatario.
- Vía parlamentaria: El senador Líder Amarilla solicitará ante la mesa directiva del Senado la salida de las máximas autoridades de la Contraloría.
