El Ministerio Público ejecutó un histórico allanamiento en Mburuvicha Róga este viernes en Asunción, en prosecución de una investigación penal abierta contra el expresidente Santiago Peña. La comitiva judicial se instaló en las oficinas ocupadas anteriormente por el exjefe de Estado y en diferentes áreas administrativas. Las autoridades centraron sus tareas en la incautación de documentos oficiales y en el análisis de sistemas informáticos.
Las diligencias técnicas del allanamiento en Mburuvicha Róga
El procedimiento estuvo encabezado por las fiscales Silvia González y Laura Giacummu, integrantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Ambas representantes del Ministerio Público llegaron poco antes de las nueve de la mañana acompañadas por peritos de informática forense. El trabajo de estos especialistas consistió en extraer registros digitales y levantar información almacenada en los servidores residenciales.
Durante la inspección en la residencia oficial, los investigadores accedieron a la sala de monitoreo de las cámaras de seguridad del predio. Asimismo, verificaron gabinetes de servidores, agendas personales, documentos y cajas correspondientes a teléfonos celulares. El operativo no incluyó órdenes de detención preventiva, pues el propósito exclusivo consistió en asegurar elementos probatorios para esclarecer las sospechas fiscales.
El comisario Humberto Franco, responsable de la Comisaría Sexta de Asunción, confirmó el acompañamiento de efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado. El jefe policial señaló que, en sus casi tres décadas de trayectoria profesional, no registra antecedentes de un procedimiento de esta naturaleza dentro de la vivienda presidencial paraguaya.
Delitos investigados y la postura del Poder Ejecutivo
La Fiscalía investiga al expresidente bajo la presunción de haber incurrido en lesión de confianza en calidad de instigador, además de presunta administración en provecho propio como autor. Estas figuras jurídicas castigan el perjuicio patrimonial contra las instituciones y el uso indebido de funciones públicas para beneficio particular. Los investigadores buscan determinar si existieron desvíos o decisiones administrativas irregulares durante la gestión precedente.
Desde el Palacio de López, la Presidencia encabezada por Pedro Alliana manifestó su total predisposición para colaborar con los requerimientos de la Justicia. A través del vocero oficial Guillermo Grance, el Poder Ejecutivo subrayó que no existirán privilegios ni impunidad para ninguna persona investigada. Las autoridades aseguraron que el Gobierno continuará trabajando para que los hechos se esclarezcan plenamente y para garantizar que los ahorristas afectados de Ueno Bank puedan cobrar sus fondos.
Antecedentes y alcance del operativo fiscal
Las actuaciones fiscales derivan de sospechas acumuladas sobre manejos administrativos en el entorno presidencial durante el mandato anterior. Entre los antecedentes que rodearon la residencia oficial figura la denuncia pública realizada en septiembre de 2025 por Luz Candado, una exempleada de la sede gubernamental. En aquel momento, la mujer afirmó haber encontrado sobres con importantes sumas de dinero en efectivo en las instalaciones del quincho.
Aquellos señalamientos sobre fajos de dólares no habían tenido avances iniciales bajo la administración del fiscal general Emiliano Rolón Fernández. Con la ejecución de este nuevo allanamiento en Mburuvicha Róga, el Ministerio Público busca reconstruir los movimientos financieros y administrativos que rodearon al expresidente. Las evidencias incautadas quedarán bajo custodia judicial para su posterior peritaje técnico.
Datos clave
- Intervención: La Fiscalía y la Policía Nacional allanaron las dependencias de la residencia presidencial en Asunción.
- Causa penal: Santiago Peña es investigado por presunta lesión de confianza e instigación, además de presunta administración en provecho propio.
- Evidencias: Los técnicos inspeccionaron servidores, cámaras de circuito cerrado, agendas y documentos sin emitir órdenes de captura.
- Postura oficial: El Gobierno encabezado por Pedro Alliana prometió colaboración irrestricta y cero privilegios ante la Justicia.
