El proyecto legislativo busca que la gestión del programa Hambre Cero pase directamente a los municipios para descentralizar los recursos de la alimentación escolar en Paraguay. La propuesta parlamentaria fue detallada por el diputado liberal Arnaldo Valdez, quien sostuvo que las intendencias conocen mejor las urgencias cotidianas de sus escuelas y comunidades.
La normativa pretende modificar el esquema actual de compras públicas alimentarias, canalizando las partidas financieras a las comunas en lugar de mantener la intermediación de las gobernaciones departamentales. Según los impulsores, la medida agilizará la distribución de los almuerzos y colaciones escolares en todo el territorio nacional.
Descentralización del programa Hambre Cero y rol municipal
El legislador Arnaldo Valdez argumentó que la meta central es alcanzar una desconcentración operativa plena del servicio nutricional en las instituciones educativas. Afirmó que las autoridades de cada distrito mantienen un contacto directo con los directores de colegios, las familias y los pequeños agricultores de la zona.
Esta cercanía permitiría evaluar con mayor exactitud las raciones necesarias y evitar retrasos en las entregas del menú escolar diario. Además, el proyectista destacó que la propuesta reúne el visto bueno de diversos sectores con representación legislativa, incluyendo a referentes de la bancada oficialista.
La iniciativa se sustenta en la necesidad de evitar trabas burocráticas intermedias en la provisión de los alimentos. Al suprimir el filtro de las gobernaciones departamentales, los intendentes asumirían la responsabilidad jurídica y financiera de las licitaciones públicas correspondientes en sus distritos.
Creación de consejos y control de la Contraloría
Para blindar los recursos del programa Hambre Cero, el borrador normativo prevé la conformación de un Consejo Local de Alimentación en cada municipio. Dicho estamento de vigilancia ciudadana estará encabezado por el intendente local y contará con la participación de concejales, supervisores educativos, directivos escolares y asociaciones de padres de alumnos.
Por otro lado, la Contraloría General de la República tendrá la obligación legal de ejecutar auditorías anuales sobre la ejecución de estos presupuestos. El órgano contralor deberá remitir de forma obligatoria un informe exhaustivo al Congreso Nacional tras cada ejercicio fiscal evaluado.
Valdez recordó que la entidad de control actualmente mantiene bajo escrutinio las declaraciones juradas de las autoridades departamentales que administran estos fondos. La instauración de los consejos locales apunta a sumar vigilancia comunitaria para prevenir irregularidades en las compras públicas del almuerzo escolar.
Compras directas a la agricultura familiar campesina
El texto del proyecto establece una reserva obligatoria de mercado para favorecer la economía rural de cada región. En ese marco, cada comuna tendrá que destinar un piso mínimo del 40 % de sus compras alimenticias a la agricultura familiar campesina acreditada en el distrito.
Con esta cláusula, el plan procura que el circulante económico permanezca dentro de las comunidades y apuntale los ingresos de pequeños productores de hortalizas, frutas y carnes. De este modo, los alumnos accederían a insumos frescos mientras se estimula la producción agropecuaria regional.
El documento legislativo será remitido a las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para su dictamen técnico. Aunque el proyectista admitió que el debate requerirá armonizar las partidas financieras con el Poder Ejecutivo, ratificó que la descentralización comunal es el camino para consolidar el programa Hambre Cero.
Datos clave
- Iniciativa legislativa: el diputado Arnaldo Valdez promueve transferir la administración de la alimentación escolar directamente a los municipios.
- Control ciudadano: se proyecta conformar un Consejo Local de Alimentación integrado por intendentes, concejales, docentes y padres de familia.
- Fiscalización oficial: la Contraloría General de la República deberá auditar anualmente el uso de los fondos y elevar sus conclusiones al Congreso.
- Cupo obligatorio: los gobiernos locales deberán adquirir al menos el 40 % de los alimentos de la agricultura familiar campesina.
