La renuncia de Emiliano Rolón como fiscal general del Estado estuvo precedida por la presentación de un extenso descargo institucional en la ciudad de Asunción. En dicho documento, la máxima autoridad saliente del Ministerio Público buscó deslindar responsabilidades por la pasividad investigativa en torno a las presuntas irregularidades atribuidas al expresidente Santiago Peña Palacios. El descargo oficial apuntó de manera directa hacia las conclusiones emitidas por las entidades reguladoras y fiscalizadoras del Estado paraguayo.
La renuncia de Emiliano Rolón y el descargo oficial
El documento presentado por el extitular del Ministerio Público abarca siete páginas en las que se detalla el curso procesal de la causa conocida como Sobres del Poder. Dicha investigación inició en septiembre de 2025 tras revelaciones periodísticas brindadas por Luz Candado, excoordinadora de la Presidencia de la República. Ante las sospechas de enriquecimiento y manejos irregulares en el entorno presidencial, la Fiscalía asignó las pesquisas al fiscal Jorge Arce.
Con la reciente renuncia de Emiliano Rolón, salieron a luz los argumentos jurídicos con los cuales el Ministerio Público defendió su demora en este proceso penal. La representación fiscal sostuvo que su actuación dependía estrictamente de los informes preliminares remitidos por organismos técnicos del sector público. Según el descargo, estas dependencias especializadas no alertaron sobre conductas punibles en su debido momento.
El rol del BCP, la Seprelad y la Contraloría
De acuerdo con la fundamentación del exfiscal general, la Fiscalía solicitó informes al Banco Central del Paraguay, a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y a la Contraloría General de la República. Ninguno de estos organismos de control remitió señales que alertaran sobre operaciones sospechosas o indicios de lavado de activos vinculados a las personas investigadas. Por ello, la Fiscalía optó por frenar las pesquisas a la espera de mayores elementos.
Asimismo, el descargo hizo especial hincapié en el examen de correspondencia patrimonial realizado por la Contraloría sobre los bienes de Santiago Peña Palacios. En mayo pasado, la auditoría del ente de control concluyó que no existían inconsistencias en las declaraciones juradas del entonces gobernante. El Ministerio Público consideró dicho dictamen como una resolución técnica vinculante que condicionó de forma directa la viabilidad de imputaciones o diligencias más profundas en ese momento.
Dilaciones judiciales y el impacto de la crisis bancaria
El argumento institucional contrasta con el ritmo real que llevó la investigación en la práctica judicial. El Ministerio Público postergó por más de un año y dos meses la citación testimonial de la denunciante Luz Candado, a pesar de conocerse su delicado estado de salud. La falta de celeridad en la toma de declaraciones testimoniales clave generó severos cuestionamientos por parte de sectores parlamentarios y de la ciudadanía.
La situación jurídica dio un giro drástico con la intervención judicial derivada de la crisis de Ueno Bank. Actualmente, el expresidente Peña guarda prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cue, procesado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La causa involucra de igual manera a exdirectivos de la banca matriz, entre ellos el extitular del Banco Central Carlos Carvallo y el exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán.
Frente al avance judicial, la Contraloría General anunció una ampliación en la fiscalización del entorno del exmandatario. La verificación patrimonial ahora incluye las finanzas de su esposa Leticia Ocampos, sus hijos Gonzalo y Constanza Peña, y su nuera Serenella Argaña, mientras que desde la Seprelad, dirigida por la exfiscala Liliana Alcaraz, no se han emitido reportes actualizados.
Datos clave
- Descargo institucional: El exfiscal general justificó la lentitud penal amparándose en informes favorables del BCP, la Seprelad y la Contraloría.
- Demora procesal: La Fiscalía tardó catorce meses en tomar la declaración testifical de la principal testigo de la causa.
- Prisión preventiva: El expresidente Santiago Peña y exdirectivos de la banca matriz guardan reclusión militar en Viñas Cue por varios hechos punibles.
- Fiscalización ampliada: La Contraloría General de la República auditará los patrimonios de todo el núcleo familiar del exgobernante.






