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política

Oficialismo rechaza el juicio político al contralor Camilo Benítez y frena plan opositor

Redacción BM Online•20 de noviembre de 2026 a las 09:00 a. m.•Asunción

Camilo Benítez declara ante una decena de micrófonos de prensa durante una rueda de medios.

La bancada oficialista de la Cámara de Diputados resolvió frenar cualquier intento de juicio político al contralor general de la República, Camilo Benítez, tras desestimar los cuestionamientos impulsados por sectores de la oposición. La posición fue oficializada por el bloque ANR A de Honor Colorado en Asunción, cuyos integrantes aseguraron que no existen causales que ameriten la remoción del titular del órgano fiscalizador. Con este blindaje parlamentario, la iniciativa impulsada por el bloque opositor queda prácticamente sin posibilidades aritméticas de prosperar.

Postura de Honor Colorado contra el juicio político al contralor

El líder de la bancada mayoritaria colorada en la Cámara Baja, Miguel del Puerto, comunicó formalmente el respaldo institucional a Benítez mediante un comunicado público. Los legisladores afirmaron que un enjuiciamiento constitucional exige pruebas contundentes y hechos comprobables de mal desempeño o delitos en el ejercicio del cargo. Bajo esa premisa, el sector remarcó que someter a una destitución al titular de la Contraloría a menos de tres semanas de haber iniciado su tercer mandato resulta improcedente.

Desde la bancada del cartismo señalaron que la figura del enjuiciamiento no puede ser empleada por desacuerdos o reclamos coyunturales. La dirigencia partidaria sostuvo que resguardar la continuidad de las autoridades designadas forma parte de las garantías necesarias para el equilibrio republicano. De este modo, el sector descartó prestar sus votos para elevar una acusación contra Benítez ante la Cámara Alta.

Cuestionamientos opositores y las denuncias internas

En los sectores de la oposición avanzaba la redacción de un libelo acusatorio con miras a reunir antecedentes contra las máximas autoridades de la institución. Las críticas de estos legisladores se orientaban a supuestas irregularidades en los procesos de fiscalización y alcanzaban igualmente al subcontralor de la institución, Armindo Torres. Para los impulsores del juicio político al contralor, el organismo supervisor no demostró la firmeza técnica requerida en el control patrimonial de figuras de alto perfil del Poder Ejecutivo.

La controversia había sumado tensión dentro del propio partido de gobierno a raíz de las declaraciones de la diputada cartista Johana Vega. La parlamentaria había advertido públicamente supuestas presiones e intimidaciones relacionadas con sus pedidos de informe sobre las declaraciones juradas del expresidente Santiago Peña. Dichos bienes habían quedado expuestos al debate público tras la salida de Peña y la posterior intervención financiera vinculada a Ueno Bank.

El respaldo del Senado y los números en el Congreso

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, también salió en defensa de la gestión al frente del ente de control gubernamental. Núñez sostuvo que Benítez implementó modificaciones positivas en comparación con gestiones anteriores dentro de la institución fiscalizadora. Según su criterio, corresponde primero agotar las instancias técnicas y judiciales sobre las observaciones de bienes antes de pretender enjuiciar a los auditores generales.

Para que la Cámara de Diputados apruebe el inicio de un juicio político al contralor, el texto constitucional exige una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Al consolidarse la negativa del cartismo y sus aliados, los sectores opositores carecen del caudal parlamentario necesario para impulsar el trámite acusatorio. La decisión oficialista congela el avance del proceso legislativo y ratifica la continuidad del equipo directivo del órgano superior de control.

Datos clave

  • El bloque de Honor Colorado en la Cámara de Diputados rechazó de manera oficial el proyecto de enjuiciamiento contra Camilo Benítez.
  • La iniciativa opositora apuntaba tanto al contralor general como al subcontralor Armindo Torres por supuestas anomalías de gestión.
  • El proceso constitucional requería dos tercios de los votos en Diputados, un número inalcanzable ante la negativa de la bancada colorada mayoritaria.
  • La controversia involucra reclamos sobre los dictámenes patrimoniales de exautoridades del Poder Ejecutivo en el contexto del caso Ueno Bank.

Fuente: elnacional.com.py

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