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El régimen de Nicaragua afianzó la concentración del poder estatal y anuló garantías democráticas

Redaccion BM Online•4 de noviembre de 2026 a las 08:55 p. m.•Managua

Ilustración de Daniel Ortega hablando ante micrófonos, con soldados, fuego, la bandera de Nicaragua y esposas.

El régimen de Nicaragua profundizó el deterioro de sus instituciones democráticas y consolidó un esquema de concentración absoluta del poder estatal durante 2026. Así lo reveló este miércoles un informe presentado en Costa Rica por la Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano. La entidad no gubernamental documentó la pérdida de autonomía pública y el aumento de las restricciones sobre los derechos cívicos.

La organización civil responsable del análisis surgió en territorio costarricense como sucesora de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entidad clausurada por disposiciones oficiales en Managua. En su reporte, los analistas alertaron sobre la constante clausura de espacios de debate público y la asfixia de organizaciones intermedias. El entorno institucional atravesó un retroceso sistemático que impidió cualquier canal de participación ciudadana independiente.

Modificaciones constitucionales para blindar al régimen de Nicaragua

Entre los aspectos más críticos del balance anual figuran las reformas a la Carta Magna impulsadas desde el Ejecutivo. La Asamblea Nacional aprobó en septiembre, durante su primera legislatura, una enmienda que extiende el mandato presidencial de cinco a siete años y veta de cargos de elección popular a los opositores tildados de traidores. Esta iniciativa requiere un segundo aval parlamentario fijado para el 18 de enero de 2027 antes de entrar en vigencia.

El proyecto legal se conoció poco después de que Daniel Ortega manifestara públicamente que en el país centroamericano no volverán a organizarse elecciones. El mandatario sandinista, próximo a cumplir 81 años, gobierna de manera ininterrumpida desde 2007 y acumula tres décadas en la conducción del Estado si se computan sus períodos de las décadas de 1970 y 1980. Con estas medidas, el régimen de Nicaragua busca perpetuar la estructura copresidencial compartida con Rosario Murillo.

Persecución a la sociedad civil y avance sobre tierras comunitarias

El hostigamiento estatal no se limitó a los partidos políticos opositores. La investigación remarcó que las presiones alcanzaron de lleno a los medios de comunicación independientes, a comunidades religiosas y a organizaciones dedicadas al monitoreo de los derechos fundamentales. Decenas de entidades perdieron su personería jurídica y debieron interrumpir sus actividades de asistencia social.

Al mismo tiempo, el reporte denunció una creciente vulnerabilidad en los territorios indígenas y afrodescendientes. La expansión de concesiones para la explotación minera intensificó las tensiones territoriales y el despojo de recursos naturales que estas comunidades reclaman proteger. Según la organización, la ausencia de tribunales independientes deja a los pobladores sin mecanismos de defensa jurídica frente a las decisiones extractivas promovidas por el Estado.

Panorama diplomático y alianzas con potencias externas

A nivel internacional, la situación institucional del país centroamericano continúa bajo la observación de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Pese a las condenas y sanciones emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea, los gobiernos de América Latina mantienen posturas dispares sobre la conveniencia de aplicar penalidades o insistir en vías de negociación diplomática.

Para contrarrestar el aislamiento en los foros occidentales, el régimen de Nicaragua profundizó sus acuerdos estratégicos con China y Rusia. La cooperación económica, militar y diplomática con ambas potencias permitió a las autoridades nicaragüenses sostener su margen de maniobra financiero y político frente a los reclamos de la comunidad internacional, blindando la continuidad de su modelo autoritario.

Datos clave

  • Extensión del mandato: Una reforma constitucional busca ampliar el mandato presidencial a siete años y prohibir candidaturas opositoras.
  • Poder acumulado: Daniel Ortega gobierna de forma consecutiva desde 2007 y acumula 30 años al frente de la administración nicaragüense.
  • Afectación territorial: El avance de concesiones mineras profundizó el conflicto sobre tierras pertenecientes a comunidades indígenas.
  • Vínculos externos: Alianzas diplomáticas y comerciales con Rusia y China permitieron esquivar la presión de sanciones occidentales.

Fuente: infobae.com

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