El régimen de Daniel Ortega extendió una serie de medidas restrictivas sobre terrenos de alto valor comercial e instalaciones corporativas vinculadas a antiguos mandos militares en Managua. La Procuraduría General de Justicia, en conjunto con agentes de la Policía nicaragüense, ejecutó la inmovilización de varias propiedades sin emitir resoluciones formales. Estas medidas afectaron directamente a predios y compañías vinculadas al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo y a otros empresarios del sector privado.
Medidas del régimen de Daniel Ortega en zonas comerciales
Fuentes empresariales confirmaron que la restricción patrimonial abarcó varios lotes en el entorno de la transitada pista Juan Pablo Genie. En esa franja de la capital operan importantes complejos financieros, entre ellos la sede regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, inaugurada en marzo de 2022 tras un desembolso de 16,5 millones de dólares. El sector también alberga al Centro Corporativo BDF-ASSA y al centro comercial Plaza Ágora.
Los predios intervenidos habrían formado parte de un proyecto de urbanización gestionado a inicios de los años dos mil por la firma Desarrollos Ventura. Esta sociedad estuvo vinculada al coronel en retiro Mario José Cardenal Chamorro, exdirector del Instituto de Previsión Social Militar y socio de Cuadra Lacayo. El esquema consistía en adquirir grandes extensiones, ejecutar estudios técnicos y comercializar macrolotes destinados a corporaciones y firmas constructoras.
Entre los terrenos comprendidos figura el lote número tres, donde se sitúa Plaza Ágora, perteneciente a accionistas de Llansa Ingenieros, constructora que ejecutó contratos de infraestructura pública con administraciones locales. Asimismo, se reportó la restricción del lote número siete, propiedad de Corporación Agrícola S.A. Dicha firma ha sido vinculada por fuentes locales a Bayardo Arce, quien permanece privado de su libertad bajo cargos de defraudación y lavado de dinero.
Intervenciones a sociedades y empresas estratégicas
La inmovilización de bienes inmuebles coincidió con la toma de sedes operativas pertenecientes a compañías asociadas al exjefe militar Cuadra Lacayo. Funcionarios de la Procuraduría y fuerzas policiales ocuparon las instalaciones de Corporación Eléctrica Nicaragüense S.A., una planta generadora situada sobre la carretera El Velero, en el departamento de León. La empresa operaba en el mercado energético nicaragüense desde 1997.
Las causas invocadas para la ocupación de la central eléctrica apuntan a supuestos incumplimientos de contratos de abastecimiento energético. Del mismo modo, las entidades estatales señalaron presuntas deudas tributarias ante la Dirección General de Ingresos y aportes pendientes con el seguro social. Días antes, el Estado tomó el control de Rocedes, una firma del rubro textil vinculada a los mismos socios que operaba bajo el régimen de zona franca en Managua.
Estas acciones directas atribuidas al régimen de Daniel Ortega han recaído sobre figuras que formaron parte de la cúpula institucional en décadas anteriores. La falta de cédulas judiciales de notificación y la celeridad de las ocupaciones materiales impiden que los representantes legales presenten recursos ordinarios de defensa ante los tribunales competentes.
Inseguridad jurídica y repercusión internacional
Analistas económicos advierten que la inmovilización de activos en corredores corporativos deteriora aún más las garantías para la inversión privada en Centroamérica. Organismos internacionales y entidades diplomáticas han alertado en reiteradas ocasiones sobre la fragilidad del marco institucional y la falta de independencia del Poder Judicial en el país centroamericano.
Para observadores regionales, las decisiones del régimen de Daniel Ortega consolidan un ambiente de incertidumbre patrimonial que ahuyenta el financiamiento internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reiterado advertencias para las empresas extranjeras sobre los riesgos operativos que supone mantener capitales o contratos dentro del mercado nicaragüense ante la constante amenaza de confiscaciones arbitrarias.
Datos clave
- Inmovilización de terrenos: La Procuraduría General de Justicia restringió propiedades en la pista Juan Pablo Genie, una de las zonas corporativas más cotizadas de Managua.
- Edificios afectados: En el área bajo control estatal se ubican la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica, Plaza Ágora y oficinas financieras.
- Empresas ocupadas: Agentes policiales tomaron las instalaciones de la generadora eléctrica CENSA en León y la textilera Rocedes en Managua.
- Vínculos castrenses: Los activos intervenidos se relacionan comercialmente con el general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo y otros exoficiales.
