La propuesta cívica de reforma a la justicia será presentada de forma oficial ante el Congreso de Guatemala el próximo 28 de septiembre. El movimiento Poder Ciudadano convocó a una movilización desde la Plaza de la Constitución hasta la sede del Legislativo para entregar las carpetas con los avales reunidos. Con este paso, la organización busca iniciar el debate institucional para transformar la administración jurídica nacional.
El respaldo ciudadano y el procedimiento legal
La campaña de recolección de firmas concluye el 19 de septiembre tras haber comenzado el pasado 4 de julio. Hasta los primeros días de septiembre, la iniciativa superó ampliamente las catorce mil firmas ciudadanas en diversos departamentos del país centroamericano. La cifra sobrepasa con holgura el requisito mínimo de cinco mil registros establecido en el artículo 277 de la Constitución guatemalteca para avalar iniciativas populares.
Para lograr esta meta, se articuló una estructura territorial de quinientos doce voluntarios activos en diferentes regiones. Dentro de ese grupo, cerca de treinta personas asumieron roles de liderazgo comunitario y coordinaron mesas de inscripción locales. La mayoría de los colaboradores no proviene del ámbito del derecho, sino de diversos sectores sociales que recibieron formación previa a través de plataformas digitales.
El camino parlamentario para la reforma a la justicia
El trámite legislativo formal comenzará una vez que el documento cuente con registro de ingreso en la mesa de partes del parlamento. En esta etapa, el avance de la reforma a la justicia dependerá de lograr consensos con las diferentes fuerzas políticas. La normativa exige un respaldo calificado de ciento siete votos sobre los ciento sesenta diputados que conforman el pleno.
Los impulsores del proyecto adelantaron que no mantuvieron contactos previos con partidos políticos para preservar la neutralidad del texto. Edgar Ortiz, director de la entidad promotora, explicó que buscarán un acercamiento plural con las distintas bancadas parlamentarias una vez que el expediente esté formalizado. El objetivo es mantener una postura independiente que facilite el diálogo con todos los sectores representados.
Proyección hacia una consulta popular en 2027
El plan de la organización contempla someter las modificaciones normativas a una consulta popular durante las elecciones generales previstas para el año 2027. De alcanzarse los votos necesarios en el parlamento, el proyecto podría incorporarse como una papeleta adicional durante los comicios generales. Este mecanismo permitiría que la ciudadanía decida de manera directa si aprueba o rechaza los cambios normativos planteados.
Si la clase política bloquea la discusión antes de la convocatoria electoral, los promotores planean exigir que los candidatos fijen una postura clara sobre la reforma a la justicia. De esa manera, los votantes podrán evaluar el compromiso de cada bancada con la transparencia del sistema judicial. Mientras avanza el proceso, la organización habilitará mecanismos digitales para sumar apoyo moral y mantendrá veedurías ciudadanas activas.
Datos clave
- Presentación oficial: La entrega de la propuesta legislativa está fijada para el lunes 28 de septiembre ante el parlamento de Guatemala.
- Apoyo popular: El proyecto cuenta con más de catorce mil firmas de ciudadanos, superando ampliamente el piso legal de cinco mil exigido por la carta magna.
- Requisito parlamentario: La iniciativa requiere el voto favorable de al menos ciento siete de los ciento sesenta diputados para continuar su curso institucional.
- Horizonte electoral: La meta final apunta a que el texto aprobado sea sometido a consulta popular durante las elecciones generales guatemaltecas de 2027.
